Durante años, la política en México ha operado con reglas escritas para unos cuantos y consecuencias para millones (bien lo narró Krauze en La Presidencia Imperial), hoy, el país se encuentra frente a una oportunidad histórica: modernizar nuestra democracia, cerrando la puerta a los abusos tecnológicos y poniendo fin a los excesos financieros de los partidos políticos. Eso es, en esencia, lo que propone la reforma electoral que hoy se discute.

La regulación del uso de la Inteligencia Artificial en procesos electorales no es censura ni control autoritario, como algunos pretenden hacerlo ver. Es, simple y llanamente, justicia democrática. La IA puede ser una herramienta poderosa para informar, pero también si no se regula, un arma para manipular emociones, fabricar discursos falsos, clonar voces, distorsionar imágenes y engañar al electorado. ¿Quieren un ejemplo claro? Entren a sus cuentas de redes sociales y vean cuantos videos y fotografías han creado de personas reales, sin su consentimiento, en situaciones “random” o, en el peor de los casos, de carácter íntimo.

Permitir campañas sin reglas claras en este terreno sería aceptar una democracia de simulación, donde gana quien tenga más recursos tecnológicos, no quien tenga mejores propuestas; regular la IA protege al pueblo de México, porque garantiza que su voto sea libre, informado y auténtico. Protege a la ciudadanía de la mentira automatizada, del engaño masivo y de las campañas negras que ya no necesitan operadores humanos, sino algoritmos sin ética.

El segundo eje, igualmente incómodo para algunos, es el financiamiento a los institutos políticos. Durante décadas, los partidos especialmente los que están acostumbrados a vivir del pueblo o cobrando como dirigentes y funcionarios, convirtieron el dinero público en un botín. Recursos millonarios para estructuras burocráticas, campañas ostentosas y élites partidistas desconectadas de la realidad social. O simplemente para comprar a sobreprecio.

Reducir y racionalizar ese financiamiento no debilita la democracia; la fortalece. Significa que el dinero del pueblo puede destinarse a salud, educación, infraestructura y seguridad, en lugar de sostener privilegios partidistas. Significa que los partidos tendrán que volver a hacer política de territorio, de ideas, de cercanía con la gente, y no de chequeras abultadas… Y es aquí donde entendemos por qué al PRIAN le duele tanto esta reforma.

Les duele porque su modelo político depende del derroche, de la propaganda excesiva y del miedo fabricado.