En los últimos días se ha hablado mucho del Paquete Económico 2026 presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Como diputada y representante de Querétaro, me parece fundamental aclarar qué hay detrás de esta propuesta que, de entrada, ha generado titulares llamativos por el tema de los nuevos aranceles a productos importados.
Más de mil productos estarán sujetos a un incremento en los costos de importación. Por ejemplo, los vehículos tendrán aranceles que aumentarán de 15-20% a 50%; las autopartes pasarán de un rango de 0-35% a entre 10-50%; los sectores textiles y de calzado enfrentarán tarifas de hasta 50%; y los juguetes, anteriormente sujetos a tasas de 0-15%, ahora pagarán un 35%. La medida también abarca muebles, electrodomésticos, motocicletas, cosméticos y otros rubros. En conjunto, estas modificaciones afectan aproximadamente a 52 mil millones de dólares en importaciones, lo que equivale a 8.6% de las compras externas de México.
Quien piense que este ajuste es simplemente un “aumento de impuestos” se equivoca. La razón de fondo es proteger el empleo y la producción nacional. Como lo señaló Marcelo Ebrard, hay países que venden productos “a precios por debajo de inventario”, es decir, por debajo de su costo real, con tal de ganar mercado y desplazar la producción local. En términos llanos: juegan sucio.
El caso de los vehículos fabricados en China representa uno de los ejemplos más notorios. Bajo el esquema arancelario vigente, la carga impositiva es de 20%; sin embargo, la nueva propuesta elevaría dicho porcentaje a 50%. Esto implica que un automóvil actualmente comercializado en 300 mil pesos podría alcanzar un precio de hasta 450 mil pesos. ¿Cuál es la lógica? Que al encarecerse la importación, el auto mexicano sea más competitivo, se venda más y, sobre todo, que se generen y conserven empleos en nuestro país.
No es un capricho ni una medida aislada. La competencia desleal ha puesto en riesgo sectores enteros. Si permitimos que entren productos extranjeros baratos porque son subsidiados o producidos sin reglas claras, cerramos fábricas en México, debilitamos nuestras cadenas de valor y dejamos a miles de familias sin sustento. La decisión de la Presidenta apunta a lo contrario: darle vida a la industria nacional e impulsar y fortalecer el empleo mexicano.
Algunos productos costarán más, pero la medida busca un equilibrio: que esos incrementos se traduzcan en oportunidades de trabajo, innovación local y mayor capacidad de producción interna. Al final, lo que se gana en empleo y desarrollo nacional es mucho más valioso que lo que se paga de más en ciertos productos importados. Estas medidas son importantes porque sé que lo que está en juego no es un simple cálculo arancelario, sino el futuro de todas nuestras familias mexicanas.