“Narcocandidatura”, es la narrativa que quieren “implantar” en las discusiones sobre cómo evitar que personas vinculadas con la delincuencia o la corrupción lleguen a una candidatura y es una discusión que vale la pena, pero no para engañar, claro hablemos. Hablemos con claridad: cualquier esfuerzo serio por elevar los estándares de quienes pretenden gobernarnos debe ser bienvenido, lo celebro; pero si verdaderamente queremos blindar la política, tenemos que atrevernos a hacer una pregunta más incómoda:
¿Están dispuestos a investigar patrimonio, empresas, contratistas, cuentas, conflictos de interés, antecedentes, redes financieras y posibles vínculos criminales de quienes buscan gobernarnos?
Durante los últimos días, Santiago Nieto y nuestra bancada propusimos qué en Querétaro se avanzara hacia un esquema denominado “8 de 8 Plus”. La propuesta no pretende reducir los controles, sino ampliarlos, incorporar revisiones sobre posibles vínculos con redes de corrupción inmobiliaria y con intereses económicos relacionados con el agua, además de seguir la ruta de los recursos cuando existan elementos que permitan presumir un enriquecimiento inexplicable.
Durante años hemos hablado del crecimiento de nuestro estado como símbolo de éxito, nuevos desarrollos, infraestructura, inversión y expansión urbana forman parte de nuestra realidad, pero precisamente por eso debemos preguntarnos también quién decide dónde se construye, quién obtiene un cambio de uso de suelo, quién recibe un permiso, quién participa en una empresa beneficiada por una decisión pública y qué intereses existen alrededor de esas decisiones.
Lo mismo sucede con el agua, un recurso que constituye un derecho humano fundamental no puede ni será analizado únicamente desde infraestructura, también vamos a poner sobre la mesa las concesiones, contratos, intereses económicos y posibles conflictos de interés. Eso es lo que proponemos con el 8 de 8 Plus, se trata de construir instituciones capaces de comprobar y transparentar sin miedo, la corrupción funciona mediante sociedades, operaciones financieras, contratos, intermediarios, personas relacionadas y estructuras jurídicas que muchas veces hacen difícil identificar quién obtuvo realmente un beneficio.
La experiencia en inteligencia financiera, trazabilidad patrimonial y combate a estructuras económicas criminales resulta relevante para esta discusión, seguir la ruta del dinero permite cambiar la pregunta. No alcanza con preguntar si una persona conoce a alguien relacionado con actividades ilícitas, hay que conocer si su patrimonio corresponde con sus ingresos; si existen empresas relacionadas beneficiadas por decisiones gubernamentales; si aparecen prestanombres; si existen operaciones inexplicables; o si detrás de un permiso, una concesión o un contrato existe un interés que nunca fue declarado.
No deberían convertirse en instrumentos que pretendan perseguir en momentos de coyuntura electoral. Una prueba poligráfica no significa nada si la única razón es la de ganar en la narrativa de “no sospechoso”. Si lo que quieren es recuperar la confianza de las personas en ellos, las reglas deben ser diferentes, que sean verificables y parejas, independientemente del partido político al que pertenezca una persona.
México ha avanzado en construir controles patrimoniales, fiscales, de responsabilidades y contra la violencia y estoy segura de que podemos avanzar más en Querétaro. Si les gusta construir narrativas, tomemos la oportunidad. Dejen de improvisaciones y hagamos todo para impedir la infiltración criminal en la política. Hay combatir la captura económica de las decisiones públicas.
Pueden esconder una relación, pueden esconder una conversación, incluso puede intentar esconder una propiedad, lo difícil es esconder para siempre la ruta del dinero.
Si queremos saber quién está preparado para gobernar, entonces sigámosla.