Dicharachero, al presidente López Obrador le gusta decir que “amor con amor se paga” y, a propósito, hay una frase del cinismo político que expresa algo similar: “la amistad se demuestra en la nómina”. Sin embargo, los premios que este gobierno le ha brindado a los gobernadores de Sonora, Tabasco, Campeche, Sinaloa, Quintana Roo e Hidalgo, por haberle entregado sus estados, no habla de amistad, sino de un arreglo mafioso, del miedo de los que se van y de la manera en que el gobierno recompensa sus servicios al enviarlos, con inmunidad diplomática, fuera del país, al tiempo que los aleja del repudio que recibirían en su propia tierra.

La Constitución General de la República (Artículo 89 párrafo III) faculta al presidente de la República a nombrar embajadores con la aprobación del Senado y nadie puede ignorar que en los tiempos del PRI y, aún antes, se utilizó muchas veces la representación diplomática con propósitos ajenos a su razón de ser, a veces como un gesto amistoso al enviar como representantes de México a literatos de prestigio como Alfonso Reyes, Octavio Paz, Carlos Fuentes o Fernando del Paso, pero también para alejar a políticos incómodos. En enero de 1935, en vísperas de su enfrentamiento con el Jefe Máximo, el presidente Lázaro Cárdenas nombró embajadores a dos destacados callistas: José Manuel Puig Casauranc, en Argentina y Manuel Pérez Treviño, en España, y para taparle la boca a quienes corrían el rumor de que Echeverría lo mangoneaba, José López Portillo lo nombró embajador ante Australia, Nueva Zelanda... y las Islas Fiji.

Pero lo que ha hecho este gobierno no tiene precedentes. Con descaro indignante ha hecho nombramientos notoriamente improcedentes o escandalosos que lastiman a los integrantes del servicio exterior cuyas credenciales son impecables y, al propio tiempo, ofenden a países hermanos o amigos como cuando propuso como embajadora en Panamá a la comediante Jesusa Rodríguez y para España a Quirino Ordaz, el gobernador que toleró la operación del Cartel de Sinaloa: secuestro de operadores políticos rivales, robo de urnas y otros atropellos, durante la elección intermedia del año 2021.

Otras designaciones recayeron en la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, cónsul en Barcelona; en Carlos Joaquín, de Quintana Roo, embajador en Canadá; Carlos Aysa, de Campeche, embajador en República Dominicana y, lo más reciente, designó embajador en Noruega al ex gobernador de Hidalgo, Omar Fayad.

El presidente los premia con cargos diplomáticos e impunidad. ¿Qué harán las fiscalías de los estados cuando reciban denuncias o encuentren indicios de corrupción de esos ex gobernadores? Las mandarán al archivo o a la basura, porque el mensaje es claro: cuentan con la protección del señor de Palacio Nacional.

Solo falta conocer qué misiones le encargará el presidente a Alejandro Murat (Oaxaca) y a Alfredo del Mazo (Estado de México), otros dos gobernadores que también traicionaron a su partido.

¿Cómo definir a estos políticos reconvertidos en diplomáticos? Les van muy bien los mismos adjetivos que López Obrador le soltó a quienes no tienen ideales: oportunistas, convenencieros, arribistas, grillos, ambiciosos vulgares.