Tras casi 16 años de permanecer injustamente presos, Rómulo Arias, Dominga González, Marco Antonio Pérez, Teófilo Pérez, Lorenzo Sánchez y Pedro Sánchez, de San Pedro Tlanixco, municipio de Tenango del Valle, recuperaron su libertad. Los indígenas nahuas fueron acusados por el secuestro y homicidio del empresario español Alejandro Issak Basso, en abril de 2003, por el que fueron, indebidamente, sentenciados a 50 años de prisión.
Los indígenas condenados se desempeñaban en los órganos comunitarios vinculados con la gestión del agua de su pueblo, y habían participado en mesas de trabajo sobre el conflicto por las dotaciones de agua que mantenía Tlanixco con el municipio de Villa Guerrero.
El desaseo del proceso judicial atrajo la atención de diversos organismos internacionales y de organizaciones defensoras de derechos humanos, como la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, el que realizó el acompañamiento legal.
Lo que derivó en un mandato emitido por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, integrado por distintas agencias de Naciones Unidas, en contra de las condenas infligidas a los defensores del agua de esta comunidad, en el que se violó la garantía de debido proceso en los juicios y las sentencias, pues se habrían visto afectados por diversas irregularidades, entre éstas: la ponderación basada en declaraciones de testigos de cargo que no estaban presentes en el momento y lugar de los hechos, y la valoración de testimonios incoherentes e inverosímiles.
Finalmente, se ha hecho justicia. La suma de esfuerzos y voluntad política han permitido acabar con esta injusticia resultado de la colusión de autoridades corruptas y empresarios ambiciosos. Una infamia menos, entre las muchas que quedan por resolver en el país.
Al obtener su libertad, Rómulo Arias Jiménez señaló que fueron criminalizados por su calidad de indígena. “No aceptaron nada de testigos, nada, todo nos rechazaban. La verdad lo que presentábamos para ellos no servía, pero tampoco estoy rencoroso que diga contra la ley, simplemente que vean esos errores para la gente que son indígenas como nosotros”.
A las puertas del penal de Almoloya de Juárez, con una jaula en mano, estaba uno de los nietos de Teófilo Pérez. Al interior había un ave que dijeron pondrían en libertad, justo como su abuelo.
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración