Hoy se conmemora el Día Mundial contra la Corrupción, una fecha instaurada por la ONU para analizar, revisar y reflexionar sobre el impacto negativo de prácticas desleales que afectan el correcto funcionamiento del gobierno y el bienestar social.
La corrupción es un fenómeno que va más allá del desvío de recursos públicos; implica también la pérdida de confianza ciudadana en las instituciones. Sus consecuencias se reflejan en la disminución de servicios esenciales como educación, salud y seguridad pública, lo que genera desigualdad y limita el desarrollo económico y social del país.
En este contexto, vale la pena preguntarnos: ¿Dónde estamos como nación?
Según Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 140 de 180 países en el ranking global de percepción de corrupción, con una calificación promedio de 26 sobre 100, lo que indica una situación alarmante. Además, la OCDE nos coloca en el último lugar entre sus 38 miembros, y de acuerdo con el Inegi, el 45% de la población considera que vivimos en un país corrupto.
La corrupción se ha convertido en un lamentable común denominador en México. No es casual que, a nivel internacional, nuestro país sea percibido como un lugar donde prevalecen la impunidad y el tráfico de influencias. Ejemplo de esto es la presión constante de Estados Unidos en temas relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico.
Es cierto que la corrupción ha sido una constante en México durante décadas. Sin embargo, es importante recordar que el actual gobierno de la 4T llegó al poder en gran parte gracias a la promesa de erradicar este mal estructural. La pregunta que debemos hacernos entonces como ciudadanos es: ¿realmente este gobierno ha combatido y sancionado la corrupción?
Analicemos algunos casos: El escándalo de Segalmex, uno de los mayores en la historia reciente, significó un desfalco superior a los 15 mil millones de pesos, recursos que debían destinarse a la autosuficiencia alimentaria. La Casa Gris, ¿la recuerda? Un alto ejecutivo de Baker Hughes, proveedor estratégico de Pemex, benefició a uno de los hijos de AMLO con una lujosa residencia en Houston, Texas, lo que generó acusaciones de conflicto de interés y tráfico de influencias que siguen sin aclararse.
Otro caso relevante es El Clan, una red de corrupción y tráfico de influencias en torno al Tren Maya, que involucra a los hijos de AMLO y a su amigo Amílcar, y ha causado daños irreversibles a la Riviera Maya y al propio proyecto ferroviario. Además, por decreto presidencial, el gobierno reservó la información sobre los costos reales de obras emblemáticas como el Tren Maya, el AIFA y la refinería de Dos Bocas, impidiendo que durante los próximos diez años se conozca cuánto costaron realmente.
No podemos dejar de mencionar el “huachicol fiscal”, una operación en aduanas orquestada por personas cercanas al exsecretario de Marina, con un daño al erario que podría superar los 500 mil millones de pesos. También están los vínculos evidentes de gobernadores y presidentes municipales de Morena con miembros del crimen organizado.