El sábado pasado, 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El tema sigue en los reflectores y cada vez hemos logrado hacerlo más visible; no obstante, aún estamos muy lejos de conseguir la meta trazada por la Organización de las Naciones Unidas en los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030: “Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación”.

Para ello, es necesario entrar a revisar las estadísticas y cifras oficiales que hay sobre el tema. De la revisión de los informes publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la tendencia en la comisión de delitos ha ido a la baja. En feminicidios, por ejemplo, existe una disminución significativa en comparación con meses y años anteriores. En 2023, se han reportado 694 casos de este tipo, frente a un promedio de 900. En homicidios dolosos contra mujeres, se han registrado 2 mil 171 casos frente a un promedio de 2 mil 800. Y en lesiones dolosas en agravio de mujeres, existe una disminución de 58 mil 990 casos en comparación de un promedio de 66 mil.

Todo ello son números positivos que, si bien no solucionan en total la problemática, sí representan un avance importante en el combate y erradicación de este tipo de conductas. La violencia contra las mujeres es un flagelo que afecta significativamente a nuestra sociedad y su disminución debe ser prioridad para las instituciones.

Siendo honestos, el problema es complejo y no admite soluciones fáciles o rápidas. Justamente por eso es que las autoridades deben tratarlo y atenderlo con profesionalismo y seriedad. No solo verlo como “grilla” política o como un tema aislado de “minorías” que se debe “apaciguar”. Sino como una verdadera emergencia que debemos atender y resolver.

Sin duda, las cifras que se han presentado durante el 2023 son reflejo de la presión que ha imprimido la sociedad sobre el tema, así como la exigencia palpable de justicia y atención inmediata. Las manifestaciones ocurridas en años anteriores, donde se ha puesto de manifiesto la urgencia de aplicar políticas públicas eficaces para prevenir esa violencia y atender a sus víctimas, así como el no normalizar esa violencia, ha puesto en movimiento a las instituciones y el aparato del Estado con el objetivo de evitar y atender este tipo de problemáticas. Todo ello, al parecer, está rindiendo sus frutos.

¿Ahora qué sigue? Debemos fortalecer las acciones de prevención y erradicar estas conductas. Fortalecer a las instituciones con protocolos de actuación que sean efectivos en la atención inmediata a este tipo de casos, así como mayor presupuesto para crear espacios dignos que permitan a las mujeres disponer de servicios y asistencia de calidad ante una eventual agresión a su persona.

Pero, sobre todo, tenemos que dejar de normalizar la violencia de género. Debemos concientizar a la sociedad que ese tipo de conductas no son aceptables y que deben eliminarse totalmente. Ir más allá del paternalismo del Estado. Debemos irradiar esta oposición a la violencia desde el núcleo más elemental de la sociedad, cara a cara, boca a boca. Solo así transitaremos a una cultura de paz y no violencia.