El próximo 5 de noviembre se conmemora el Día Internacional de las Personas Cuidadoras, una fecha que nos convoca a reconocer una labor que sostiene la vida de miles de personas y de la sociedad en su conjunto.
Cuidar es acompañar, escuchar, preparar alimentos, organizar actividades y ofrecer apoyo cuando alguien lo necesita. Aunque muchas de estas acciones ocurren dentro del hogar, su importancia rebasa el ámbito privado: sin ellas, estudiar, trabajar y participar en la comunidad sería más difícil. Por eso, reconocer a quienes cuidan exige algo más que agradecimiento; requiere condiciones que hagan posible su bienestar.
México enfrenta una deuda histórica con este sector. A pesar de los recientes esfuerzos de visibilización, el Estado mexicano arrastra deudas estructurales que mantienen este trabajo en la desprotección y la desigualdad de género.
El principal pendiente radica en la consolidación operativa del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados. Aunque se han instalado mesas de coordinación y herramientas como el Sistema de Información de Cuidados para mapear los centros públicos, el marco legal general sigue requiriendo de una profunda articulación que unifique de manera real los esfuerzos de salud, educación y desarrollo social. Esta fragmentación normativa impide que los cuidados dejen de ser una carga privada y se conviertan verdaderamente en una política pública, donde el derecho humano sea autónomo y accesible para todas las personas.
En el ámbito financiero, el reto es mayúsculo. El diseño de instrumentos como el Anexo Transversal "Consolidación de una Sociedad de Cuidados" representa una herramienta valiosa para identificar los recursos federales dispersos, pero la realidad presupuestaria expone limitaciones severas. Estos montos provienen de programas sociales preexistentes y no implican un financiamiento adicional o exclusivo enfocado a expandir la infraestructura.
Así, existe una carencia crónica de inversión destinada de forma directa a la edificación y operación de estancias infantiles, centros de día para adultos mayores o espacios para personas con discapacidad; sin un presupuesto con enfoque de género que dote de recursos nuevos y progresivos a la agenda, provocando que las metas de atención sigan siendo rebasadas por la demanda.
Asimismo, el reconocimiento y la remuneración laboral del sector formal e informal es una de las deudas más urgentes. En México, el valor económico de las labores domésticas y de cuidados no remunerados equivale a casi el 24% del Producto Interno Bruto del país, superando la aportación de cualquier sector industrial individual. Sin embargo, este enorme motor económico se sostiene sobre la informalidad y la precariedad. Las estadísticas oficiales demuestran una desigualdad abismal: 3 de cada 4 personas cuidadoras en el país son mujeres, quienes dedican un promedio de 40 horas semanales a estas tareas sin recibir pago alguno, el doble de tiempo que los hombres.
Esta disparidad perpetúa un empobrecimiento estructural, ya que millones de mexicanas se ven obligadas a renunciar a su educación, desarrollo profesional o autonomía financiera, llegando a la vejez sin ingresos propios ni acceso formal a sistemas de seguridad social, pensiones o vivienda digna. Así, México se encuentra rezagado en la construcción de un modelo de corresponsabilidad social efectivo, donde el Estado, las empresas privadas y las comunidades asuman su parte de manera coordinada.
Mientras el cuidado continúe refugiado en el aislamiento de los hogares y bajo el sacrificio exclusivo del tiempo de las mujeres, el bienestar social del país seguirá cimentado sobre una profunda desigualdad estructural.
Sin duda, todavía falta mucho por trabajar.