La semana pasada, en la Cámara de Diputados Federal dimos un primer paso importante: crear una Ley Nacional contra el Feminicidio. Mediante una reforma a la Constitución, se atribuyó al Congreso de la Unión la facultad expresa para expedir una ley nacional que permita combatir, erradicar y castigar el delito de feminicidio en todo el país. Las razones son múltiples, pero las que más resaltan son principalmente dos: la gravedad del delito y la falta de coordinación y homologación de las autoridades locales.
En México, la violencia de género ha alcanzado niveles alarmantes, donde el feminicidio es, por supuesto, su expresión más grave y dolorosa. Este delito ha puesto en evidencia la urgente necesidad de que el Estado mexicano, en su conjunto, implemente acciones contundentes para proteger a las mujeres y garantizar su derecho a una vida libre de violencia, empezando por el marco jurídico.
Actualmente, cada entidad federativa regula el delito en sus códigos penales, variando la redacción en cuanto al tipo penal, agravantes, penas y procedimientos. Ello ha provocado lagunas jurídicas que son indebidamente aprovechadas por los agresores, al punto de generar situaciones de impunidad que son inaceptables. Por ello, la creación de una ley nacional representa un avance importante en la lucha por la igualdad, la justicia y la seguridad de las mujeres mexicanas.
Uno de los principales beneficios que tendrá ese nuevo marco jurídico, será la homologación de criterios a nivel federal. Actualmente, existen diferencias sustanciales entre los códigos penales de cada uno de los estados. Una ley nacional permitiría establecer definiciones claras, únicas, procedimientos uniformes y penas idénticas a todo el territorio nacional, facilitando con ello que las autoridades actúen con mayor rapidez y eficacia.
Además, una ley nacional contribuiría a fortalecer la prevención, ya que obligaría a las instituciones públicas a implementar políticas de sensibilización, capacitación y mejora de los protocolos en una misma dirección. Esto significa que policías, ministerios públicos, jueces y personal de salud estarían más capacitados para identificar señales de violencia de género.
Otro aspecto fundamental sería el acceso a la justicia. Muchas familias de víctimas de feminicidio enfrentan obstáculos burocráticos, discriminación y falta de empatía por parte de las autoridades. Una ley nacional garantizaría el acompañamiento institucional, la protección de testigos, la asesoría legal gratuita y la reparación del daño en una misma vertiente.
De esta manera, al reconocer el feminicidio como un problema estructural y darle visibilidad, se sensibiliza a la sociedad, se fomenta el rechazo abierto a cualquier expresión de violencia de género y se reconoce que es un problema grave que el gobierno nacional debe resolver. Es justo en esos aspectos donde está el verdadero reto. Un reto que nos ha llevado décadas afrontarlo y que, lamentablemente, aún no hemos logrado superar o contrarrestarlo.
Por ello, la emisión de una ley nacional es un primer paso importante pero no el único para acabar con este flagelo social. Y en esto si seremos muy enfáticos como oposición, exigiremos que la ley vaya acompañada de recursos y presupuesto suficiente para operar. En los meses que vienen, insistiremos en que esta nueva ley nacional debe ir respaldada de un presupuesto especial etiquetado y de una estrategia nacional en su implementación, que permita su efectiva operativa, evitando con ello que termine en letra muerta.
Será tiempo de exigir resultados y que esa ley nacional (única en su materia) sea realmente efectiva, a fin de que ninguna mujer sea víctima de impunidad u olvido.