La detención de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos (EU) ha prendido focos rojos en todo el mundo, especialmente en América Latina.

Sin duda, la noticia que ha acaparado la atención de todos los medios de comunicación ha sido la intervención, sorpresiva pero anunciada, de las fuerzas armadas de EU en territorio venezolano para detener al aún presidente. Y aludo que fue sorpresiva porque, aunque Donald Trump lo anunció varias veces, pocos tomaron en serio sus declaraciones y, sobre todo, nadie esperaba que ocurriera tan pronto.

Las reacciones han sido dispares. Por un lado, varios mandatarios y representantes de la comunidad internacional han condenado la acción, calificándola como una violación directa y abierta a las convenciones internacionales. Por otro, existe un ambiente de esperanza y entusiasmo por el futuro de Venezuela, así como un clamor por el restablecimiento de la democracia en ese país, ante la caída de un personaje abiertamente señalado como dictador.

No obstante, la acción emprendida por los norteamericanos tiene muchos efectos.

Al margen de la postura que se adopte, este hecho ha generado un verdadero sismo geopolítico. No sólo evidenció que Trump es capaz de cumplir sus promesas —o amenazas—, sino que EU posee la capacidad operativa y militar necesaria para ejecutar acciones de esa magnitud con absoluta precisión. Además, que el derecho internacional y los organismos multinacionales, como la ONU, permanecen al margen e inactivos frente a las decisiones de las grandes potencias y que la doctrina Monroe, que avala la intervención extraterritorial de las fuerzas estadounidenses, está más vigente que nunca.

El mensaje que envía Trump es contundente: va contra cualquier gobernante que mantenga vínculos con grupos delictivos. Esta postura ha puesto en alerta a todos los gobiernos de América Latina, incluyendo a México, cuyos representantes y principales figuras de la 4T han sido señalados por presuntos nexos con el crimen organizado.

Como país vecino de EU, México tiene un lugar crucial en el tema que exige una postura clara y determinante. En este contexto, adoptar una actitud neutral o simbólica, como lo pretende la mandataria federal, es insuficiente, sobre todo cuando las acciones del gobierno estadounidense han demostrado que la lucha contra las organizaciones criminales trasciende fronteras y no reconoce límites diplomáticos.

México, fiel a la doctrina Estrada, ha defendido la autodeterminación y la soberanía de los pueblos; sin embargo, esa postura se vuelve inoperante ante una realidad que nos obliga a interactuar con una potencia que no duda en intervenir para cuidar sus intereses. La situación se agrava si consideramos que varios de los principales líderes del narcotráfico provienen de nuestro país y han sido capturados, procesados y sentenciados en la Unión Americana, lo que pone en tela de juicio la efectividad y credibilidad de nuestras instituciones, y subraya la necesidad de revisar a fondo nuestra estrategia en materia de seguridad y justicia.

En este marco, mantener una postura de neutralidad no sólo puede generar tensiones diplomáticas, sino que incluso podría interpretarse como una falta de compromiso en la lucha contra el crimen organizado.

El momento exige abandonar posturas tibias y demostrar con hechos la voluntad de combatir frontalmente al narco, reforzar la cooperación internacional y garantizar que México no sea percibido como refugio ni cómplice de quienes atentan contra la paz y el bienestar de la sociedad. Sólo así podremos consolidarnos como un país democrático y estable, con paz y seguridad plenas que ya no genere dudas ante los ojos de nuestro vecino del norte.

Veremos si este gobierno tendrá el temple para ello.