Todos los días se publican en medios de comunicación noticias nada alentadoras sobre la situación de seguridad que impera en nuestro país.

La seguridad en México enfrenta desafíos complejos que afectan la estabilidad social y el desarrollo. Entre los principales retos se encuentran la violencia derivada del crimen organizado, la corrupción en las instituciones de seguridad y la falta de confianza ciudadana en las autoridades. El narcotráfico, los homicidios y la delincuencia común han generado un clima de inseguridad que impacta a comunidades urbanas y rurales, limitando el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos.

El crimen organizado, fortalecido por el tráfico de drogas y la impunidad, representa una amenaza constante. Las disputas entre cárteles han incrementado los índices de violencia, especialmente en estados como Michoacán, Guerrero y Sinaloa. Además, la corrupción dentro de las fuerzas policiales y el sistema judicial obstaculiza la aplicación efectiva de la ley, permitiendo que los delincuentes operen con relativa libertad.

Los datos revelan la situación. En 2024, México registró un aumento del 16.79% en delitos, alcanzando 31.3 millones, según el Inegi. La tasa de delitos por cada 100 mil habitantes fue de 33 mil 267. Si bien, los homicidios dolosos bajaron un 4.18%, otros crímenes como robo (6 mil 526 por 100 mil) y extorsión (15.7%) crecieron. La percepción de inseguridad cayó al 59.4% en 2024, la más baja en 10 años, aunque seis de cada 10 mexicanos se sienten inseguros. Estados como México, Guanajuato y Baja California concentran el 46% de los homicidios. La delincuencia organizada aumentó un 64.2% desde 2015, impulsada por narcomenudeo y extorsión y, en términos económicos, el costo del crimen fue de 282 mil millones de pesos, 1.15% del PIB.

La desconfianza ciudadana, alimentada por casos de abuso de autoridad y violaciones a los derechos humanos, agrava la situación, ya que reduce la colaboración entre la población y las instituciones.

El gobierno federal tiene una responsabilidad crucial en abordar estos retos. Debe fortalecer las instituciones de seguridad mediante la profesionalización de las fuerzas policiales, la mejora de sus condiciones laborales y la implementación de mecanismos de rendición de cuentas.

Asimismo, es fundamental invertir en inteligencia y prevención del delito, en lugar de depender únicamente de estrategias reactivas. La coordinación entre los niveles de gobierno y la sociedad civil es esencial para diseñar políticas integrales que combatan la impunidad y promuevan la justicia. Además, el gobierno debe garantizar la protección de los derechos humanos y fomentar la participación ciudadana para reconstruir la confianza.

Sólo con un enfoque multidimensional y comprometido se podrá avanzar hacia un México más seguro y justo.