Desde que asumió la presidencia de la república, Sheinbaum prometió presentar una iniciativa de reforma política-electoral, no obstante que aliados y opositores la ven innecesaria e incluso peligrosa, al punto de poner en riesgo la alianza con el PT y el PVEM.

A diferencia de lo que ha ocurrido históricamente, la reforma electoral no ha sido impulsada ni promovida desde la ciudadanía o la oposición. Algunos incluso vaticinan que será una reforma histórica, pero no por lo que logre, sino porque sería la primera en décadas que no se apruebe por todas las fuerzas políticas.

El objetivo es claro: favorecer al partido mayoritario, aprovechando su maquinaria electoral y asegurando su permanencia en el poder.

Es cierto, existen múltiples temas que deberían ser objeto de la reforma, como evitar la intervención del crimen organizado en las campañas y la imposición de candidaturas, así como regular de manera más estricta los ingresos y gastos electorales. Sin embargo, contrario a ello, lo que más ha llamado la atención y que (se rumora) es el verdadero punto de quiebre con sus aliados, es el esquema que modifica la designación de diputados y senadores plurinominales.

Es cierto que la figura de los legisladores de representación proporcional no es la más popular entre la población, pues prevalece la idea de que el pueblo debe elegir a sus gobernantes mediante voto directo y que esas posiciones se han entregado a amigos, familiares o cuates de las cúpulas partidistas. Sin embargo, no podemos olvidar que la función original de estos funcionarios es, ante todo, garantizar la pluralidad democrática.

Su creación se remonta a la gran reforma electoral de 1977, impulsada por el entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, en los llamados “diputados de partido”. Esa reforma buscó abrir mayores espacios a otras fuerzas políticas en el Congreso de la Unión y los congresos estatales, con el fin de garantizar una mayor pluralidad y representatividad de las minorías. Y no solo de las minorías partidistas, sino también de los grupos poblacionales.

En ese tiempo se buscaba ampliar la representación de profesionistas, pequeños comerciantes, jefas de familia sectores manufactureros, entre otros. Hoy, a más de 50 años de ese gran avance, la figura de los RPs tiene un punto positivo, permite que personas de bajo capital político, muchos de ellos pertenecientes a grupos vulnerables, tengan oportunidad de ser incluidos en los órganos legislativos.

Gracias a las acciones afirmativas del INE, en la actual Legislatura Federal hay 78 personas indígenas, afromexicanas, afrodescendientes, con alguna discapacidad, migrantes o de la diversidad sexual, que fueron designadas para diputaciones y senadurías plurinominales. Sí, es cierto, quizá se deba legislar más para garantizar su designación, y no solo su postulación, así como evitar el uso indebido de esa figura por “cuates” o amigos; pero eso es justo lo que debería estarse analizando en la reforma electoral, no su desaparición. Sheinbaum propone modificar el mecanismo de la designación.