El pasado lunes tuvo lugar una nueva manifestación de operadores y grupos de transportistas en diversas regiones del país. Su demanda principal: mayor seguridad y controles más estrictos en las carreteras.

La reacción del gobierno federal fue restar importancia al acontecimiento y afirmar que las demandas carecen de sustento. ¿Realmente es así? Analicemos algunos datos sobre una de las vialidades más simbólicas en este tema: la autopista federal 57, México-Querétaro.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Transporte (IMT), entre 2020 y enero de 2026, estos tramos han acumulado más de mil 388 accidentes, lo que ha significado la pérdida de 183 vidas humanas y daños materiales que superan los 2.7 millones de dólares. Estos datos no solo representan un desafío para las autoridades, sino que también ponen sobre la mesa la urgencia de implementar medidas efectivas de prevención y rehabilitación.

Durante 2024, las cifras mostraron un repunte significativo. El Anuario de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reportó 417 percances, de los cuales 97 involucraron colisiones con víctimas. En estos incidentes, 42 personas murieron en el sitio y 100 resultaron lesionadas, lo que refleja un incremento preocupante en la gravedad y frecuencia de los accidentes.

El costo estimado en daños materiales en ese año alcanzó los 4.1 millones de dólares, marcando el máximo registrado en la última década.

A pesar de estos datos alarmantes, las obras de rehabilitación iniciadas en febrero de 2020 —que originalmente debían concluir en diciembre del mismo año— llevan casi seis años sin terminar. Esta situación se agrava por la falta de atención y respuesta por parte de las autoridades, que han dejado pasar el tiempo sin implementar soluciones reales, permitiendo que los tramos continúen presentando condiciones riesgosas para los usuarios y generando un ambiente de incertidumbre.

La desatención gubernamental ha sido uno de los principales detonantes de las recientes manifestaciones de transportistas, quienes reclaman mejoras urgentes en la infraestructura vial y una mayor seguridad en las carreteras.

Además, la autopista 57 México-Querétaro figura entre las vías más peligrosas del país, concentrando, junto con la México-Puebla, el 29% de los robos a transporte de carga a nivel nacional.

En 2025, los robos a transportistas aumentaron 30%, especialmente en el tramo de San Juan del Río y la zona 57D. Los transportistas denuncian una vigilancia escasa o inexistente por parte de la Guardia Nacional, sobre todo durante la noche.

En las regiones de Querétaro y Guanajuato, los transportistas han reportado un incremento tanto en la frecuencia como en la violencia de los ataques, que incluyen despojo de unidades, agresiones y el uso de violencia armada.

La combinación de infraestructura deficiente, comportamientos riesgosos, atrasos en las obras de rehabilitación y una notable falta de atención de las autoridades genera un entorno peligroso para los usuarios de las carreteras. Para revertir esta tendencia, es indispensable que las autoridades aceleren los trabajos pendientes, refuercen la vigilancia y promuevan campañas de educación vial, con el objetivo de proteger la vida de las personas y reducir el impacto económico de los siniestros.

El reto es grande, pero la solución comienza con voluntad y compromiso, veremos si, por fin, la administración federal cumple con el compromiso.