Las declaraciones de Ismael El Mayo Zambada han cimbrado el espectro político en México. Hoy más que nunca los defensores del oficialismo están preocupados por aparecer en su lista negra.
Ayer, desde la corte de Brooklyn, Nueva York, El Mayo se declaró culpable por varios delitos que se le imputan, entre ellos, tráfico de drogas y delincuencia organizada. Dicha confesión respondió a un acuerdo con el departamento de justicia de Estados Unidos para evitar la pena de muerte y, en su lugar, acceder a la cadena perpetua y varios beneficios para su familia.
No obstante, lo que sorprende no es la declaración de culpabilidad, pues ya había sido anunciada con mucha anticipación, sino la manifestación que hizo en la corte, afirmando que durante décadas y hasta 2024, realizó y mantuvo redes de sobornos y corrupción con varios policías, militares y políticos en México; lo que nos da un claro panorama de los vínculos, alcances y protección que tienen y han tenido estas organizaciones en el país.
Esta misma historia se ha repetido con otros capos de la droga que están bajo la jurisdicción de la unión americana, como sucedió con Ovidio, el hijo del Chapo Guzmán, quien accedió a un acuerdo de culpabilidad con los mismos fines. El objetivo de los acuerdos es, además de ahorrar meses de trabajo a las fiscalías en la preparación y desahogo de juicios, allegarse de datos, nombres y detalles sobre la forma como operan los cárteles de la droga.
La política que ha tenido el gobierno de Estados Unidos en el combate a las organizaciones criminales y sus cabecillas ha sido positiva y está dando buenos resultados. Cuestión que contrasta con la postura crítica de la presidenta de México frente al “intervencionismo” del gobierno estadounidense, señalando que toda acusación a funcionarios mexicanos deberá estar sostenida en pruebas. ¿Qué les preocupa? ¿será que algo esconden?
No son pocos los señalamientos de que en México existen funcionarios de primer nivel que están asociados con el crimen organizado y que han facilitado el trasiego y producción masiva de drogas y narcóticos, siendo esa la principal razón por la que Trump ha impulsado toda esa campaña contra los narcos.
Pero más allá de posturas políticas o partidistas, lo que nos debe interesar es que, como país vecino y principal afectado por este fenómeno delictivo, tenemos el derecho y debemos exigir que se difunda toda la información que estos capos vayan revelando. No es justo que la información que deriva de estos acuerdos se mantenga en la secrecía del departamento de Estado o de la CIA, para ser utilizada con fines poco claros o personales.
Siempre que se detiene un capo de esta magnitud y se hacen públicos estos acuerdos, se repite el mismo discurso: “que ahora sí caerán los corruptos”, “que ahora sí habrá consecuencias” “que ahora sí habrá justicia”; sin embargo, pasan los años y no hay mayor cambio en la realidad. Fuera de García Luna, en los últimos 25 años no se ha procesado a ningún político, funcionario o elemento del gobierno que se le haya señalado, culpado u juzgado por estar coludido con el crimen organizado. Ojalá ahora el panorama sea diferente.
Es imperativo, por el bienestar de nuestro país y de la credibilidad institucional, que los nombres que se revelen sean divulgados, pero sobre todo, que sean señalados, acusados y procesados. Sólo de esa manera es como se mandará un mensaje claro y contundente de que la corrupción en este tema se ha terminado.