Esta semana se discute el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2027, y resaltan ciertas cuestiones que nos ponen a pensar si el camino que está tomando México es correcto.
Por un lado, el presupuesto consolida un preocupante giro en torno a la política económica, donde la obsesión por la disciplina fiscal y el financiamiento de programas asistenciales han terminado por estrangular la inversión productiva nacional.
Este paquete económico devela una profunda falta de visión de largo plazo, donde el gobierno ha decidido sacrificar los motores del crecimiento económico y arriesgar la soberanía energética del país. Las drásticas reducciones presupuestales aplicadas no son meros ejercicios de austeridad, sino un severo golpe a la competitividad que frena en seco el desarrollo de la infraestructura y debilita de forma alarmante al sector energetico, incluído la Comisión Federal de Electricidad.
En el ámbito del crecimiento económico, el panorama es desolador y evidencia una peligrosa falta de rumbo estratégico. Al priorizar el gasto social clientelar sobre la inversión física indispensable, las autoridades federales condenan al país a un estancamiento crónico. La asignación presupuestal destinada a fomento económico, innovación e infraestructura experimenta una caída real de más del doce por ciento, lo que vuelve prácticamente inalcanzables las optimistas proyecciones oficiales de crecimiento de entre el uno punto cinco y el dos punto cinco por ciento. Sin recursos públicos suficientes para construir y mantener carreteras, puertos y parques industriales, la oportunidad histórica de la relocalización de empresas internacionales se perfila como un fracaso rotundo.
La situación se torna aún más crítica al examinar el desmantelamiento financiero impuesto a la Comisión Federal de Electricidad. La principal empresa productiva del Estado sufrirá un agresivo recorte de treinta mil ochocientos diecinueve millones de pesos, obligándola a operar con apenas quinientos veintitrés mil setecientos cuarenta y siete millones de pesos, una asfixiante disminución neta del ocho punto cinco por ciento en términos reales. Mientras el discurso oficial justifica falsamente este tijeretazo bajo la desgastada bandera de la eficiencia operativa y el combate al gasto superfluo, la cruda realidad es que las redes de transmisión se encuentran al borde del colapso, lo que condena a regiones enteras a sufrir apagones masivos.
Este desfalco presupuestal a la infraestructura eléctrica constituye una paradoja insostenible que evidencia el desprecio gubernamental por la modernización del sistema.
Resulta completamente imposible avanzar hacia una transición energética limpia y garantizar la estabilidad del suministro sin recursos para ampliar las líneas de alta tensión o para robustecer el almacenamiento de energía en el territorio nacional. Al amputar la capacidad financiera de la institución energética, el gobierno debilita la seguridad nacional y reduce las herramientas estatales para competir con éxito en los mercados internacionales.
Esto detiene por completo cualquier posibilidad de progreso genuino, hipotecando el futuro económico del país a cambio de sostener un modelo que premia el consumo inmediato por encima de la capacidad de crear riqueza sostenible a largo plazo.
Así, la 4T vuelve a dejar de lado el futuro del pais, un futuro que cada vez se ve más complejo e incierto.