La consolidación de la democracia enfrenta una de sus pruebas más complejas: vencer la apatía de las nuevas generaciones.
Históricamente concebidas como el motor del cambio social, las juventudes mexicanas se debaten hoy entre el desencanto de lo formal y la desconexión frente a las estructuras tradicionales. Esta brecha representa un riesgo sistémico: la legitimidad del Estado y la renovación de la agenda pública dependen intrínsecamente del relevo generacional. Por lo tanto, impulsar la participación activa de los jóvenes en la política no constituye un acto de concesión, sino una necesidad imperativa para evitar el estancamiento democrático.
En esta semana, en la Comisión de Reforma Política Electoral de la Cámara Federal de Diputados, en la que soy secretaria e integrante, votamos a favor de una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para garantizar la participación de personas jóvenes entre 18 a 35 años, para ser postulados en candidaturas. Con ello, se sientan las bases para ampliar el margen de participación de las juventudes en la vida pública de México.
Ello es importante, pues el peso demográfico de la juventud en el panorama electoral mexicano es innegable. De acuerdo con los registros oficiales del INE, el bloque de ciudadanos de 18 a 29 años representa una fuerza de más de 26 millones de personas, equivalente a casi el 30% de la Lista Nominal de Electores.
No obstante, este sector se diluye debido a un comportamiento electoral asimétrico. Los jóvenes de 18 años, motivados por la obtención de su primera credencial de votar y la novedad del ejercicio cívico, registran niveles de participación destacados, alcanzando un notable 61.5% de asistencia. Sin embargo, este entusiasmo sufre un colapso dramático en los grupos subsecuentes. Las personas de 20 a 29 años exhiben los índices de abstencionismo más severos, con niveles de votación que caen por debajo del 50%, una cifra drásticamente inferior.
¿Qué está pasando?
Esta fractura puede responder a causas profundas. Según el INEGI, sólo el 42% de los jóvenes de 18 y 19 años manifiesta un interés real en los asuntos públicos. Justamente, la falta de representatividad real y la escasez de canales efectivos de incidencia son algunos de los motivos que distancian a las juventudes.
Es ahí donde los partidos deben actuar para revertir esta crisis de representatividad. Resulta indispensable transitar de la retórica a las reformas estructurales. Se requiere el rediseño de estrategias de comunicación pública más abiertas y transparentes, transitando de las plataformas tradicionales hacia ecosistemas digitales que prioricen la rendición de cuentas y el debate abierto. Asimismo, es vital robustecer los programas institucionales de educación cívica desde las etapas formativas escolares, implementando simulacros electorales, laboratorios de políticas públicas y presupuestos participativos juveniles.
Pero lo más importante, debemos dejar a un lado la simulación. Slogans como “la nueva política” hacen mucho daño a este ejercicio de recuperación, especialmente cuando es usado por partidos políticos que abrazan en sus filas personajes ya “quemados” o desgastados y que, no necesariamente, son jóvenes.
En conclusión, la urgencia de integrar plenamente a las juventudes en la política mexicana es urgente. Un país que ignora el sentir de sus juventudes no responde a las exigencias del presente. El desarrollo democrático en México sólo se alcanzará cuando los más de 26 millones de jóvenes dejen de ser un mero objetivo estadístico para convertirse en un verdadero factor de cambio y renovación.