La política ficción es la estrategia de la simulación y el doble discurso, donde se argumenta una cosa, pero en los hechos se aplica otra. Así ha sido el periodo extraordinario de sesiones.

Bajo el pretexto de brindar mayor seguridad, el oficialismo ha instaurado un régimen jurídico que le da plenos poderes para vigilar a todos los ciudadanos. Ni George Orwell, en su obra 1984, con su visión de “El Gran Hermano”, había pensado en crear instrumentos de control tan complejos y avanzados.

Seis leyes en materias de seguridad han estado transitando a máxima velocidad en las cámaras de diputados y senadores. Todas con una característica muy clara: crear todo un sistema de información e inteligencia al servicio del gobierno.

Uno de los temas más sensible de todo esto, son las reformas a las leyes sobre desaparición de personas.

La idea es crear una Plataforma Única de Identidad, donde se junten todos los datos personales de todas las personas y así, ayudar a su localización. Sin embargo, para eso nos piden entregar toda nuestra información a través de la CURP.

Con esto el gobierno podrá saber, en tiempo real, tu geolocalización, las actividades que realizas, donde trabajas, donde estudias, que haces en tu tiempo libre, tus datos biométricos, huellas dactilares, ADN, tipo de sangre, padecimientos y enfermedades, etcétera. Todo ello bajo la justificación de combatir a la delincuencia.

Me pregunto ¿es una medida adecuada? ¿tenemos instituciones confiables para que manejen esa información? ¿usted, como ciudadano, estaría dispuesto a entregar esos datos?

Lejos de representar un avance genuino en la protección, búsqueda y restitución de los derechos de las familias afectadas; la reforma se revela como un conjunto de medidas que parecen responder más a la necesidad de tener un gobierno ultra informado, con mayor control y poder.

La verdad es que su contenido dista mucho de estar a la altura de la tragedia nacional. Uno de los puntos más criticables de la reforma es la tendencia a centralizar las estrategias de búsqueda y la toma de decisiones, ignorando la experiencia y el conocimiento que han construido, a lo largo de años, los colectivos de búsqueda y madres buscadoras.

En vez de fortalecer los mecanismos de búsqueda, pareciera diluir las responsabilidades institucionales y minimizar la participación de las familias. ¿Dónde queda el componente humano en este entramado jurídico? ¿Dónde están las voces de las madres, de los padres, de las hermanas, de quienes han consagrado su vida a buscar a sus seres queridos?

Ahora se pretende que un puñado de funcionarias y funcionarios, desde la comodidad de sus despachos, conozcan, comprendan y dirijan toda la información, en vez de abonar a la prevención y erradicación de este delito.

Una reforma de esta magnitud requería mayor análisis y consenso. Cada persona desaparecida es una herida abierta, una deuda pendiente con la justicia y la democracia.

No obstante, el proceso legislativo se ha caracterizado por la prisa, la falta de discusión a fondo y la ausencia de mecanismos reales de control y rendición de cuentas. No podemos permitir que la política se anteponga a la dignidad humana, ni que se legisle sin escuchar a quienes más han sufrido esta tragedia.

Por eso seguiremos levantando la voz. Porque la justicia no puede esperar. Porque la verdad no puede ser ignorada. Porque la memoria de las personas desaparecidas exige acciones de fondo, no paliativos legislativos ni discursos vacíos. No más política ficción.