Con mayoría de 9 votos a favor y 2 en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez general de la primera parte del “Plan B”, en específico, de un paquete de reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Reformas que fueron impulsadas desde palacio nacional y que han permitido la promoción abierta, indiscriminada y personalizada de las “corcholatas” de Morena.
Recordemos que el famoso “Plan B” fue la respuesta que ideó el presidente de la república al no conseguir los votos necesarios cuando quiso reformar la Constitución en temas electorales. Las esperanzas del oficialismo estaban puestas en las reformas a leyes secundarias aprobadas por su mayoría aplastante en el Congreso. Sin embargo, lo que acaban de resolver las y los ministros ha dado una nueva sacudida al gobierno federal (después de la ya sufrida con la sentencia de la Guardia Nacional), pues la Corte declaró la invalidez total de la reforma por no cuidar el proceso legislativo.
Argumentos hubo varios, pero en esencia, las y los ministros concordaron en que existieron violaciones graves al proceso legislativo. Uno a uno expusieron sus ideas y posturas, pero en el fondo había consenso en que nuestro país, conforme a la Constitución, parte de un sistema de representación democrática deliberativa, lo que significa, ante todo, que debe priorizarse siempre el diálogo y el respeto a todas las opiniones y las voces en las Cámaras.
Justamente eso fue lo que condenó la Corte, el “fast track” de la reforma, donde el grupo mayoritario obvió el procedimiento legislativo ordinario, omitió pasarlo a comisiones pero, sobre todo, borró del mapa parlamentario y de la deliberación a la oposición, quitándole la oportunidad de conocer la reforma e, incluso, fijar postura.
Y es que esas viejas prácticas del “mayoriteo” y el “madruguete” han quedado en el pasado. Si bien el partido oficialista tiene mayoría en ambas Cámaras del Congreso, ello no les autoriza a obviar el proceso legislativo e impedir a la oposición la discusión parlamentaria.
Debemos considerar que el paradigma democrático es muy diferente ahora al que existía en los años 70 u 80, donde las decisiones de la mayoría se imponían de forma absoluta. Hoy la democracia nos requiere diálogo, respeto, apertura, tolerancia y, sobre todo, igualdad de derechos y oportunidades. Hoy más que nunca se voltea a ver a los grupos minoritarios en una postura incluyente, entendiendo que la democracia es la suma de voluntades y no la imposición de una mayoría aplastante.
Lo que ayer resolvió el máximo tribunal es una muestra de que aún existen instituciones del Estado Mexicano que están dispuestas a mantener y hacer respetar la Constitución y el Estado de derecho. Las y los ministros han soportado insultos, bajezas, descalificaciones y hasta amenazas; sin embargo, han mostrado que tienen entereza, temple, congruencia y fortaleza, valores de los que los mexicanos debemos estar orgullosos. No se trata de posturas personales, políticas o de grupo, se trata de respetar y hacer valer la Carta Magna.
En este contexto, de acuerdo al mismo criterio y razonamiento, lo que seguirá es que la Corte declare la invalidez de la segunda parte del “Plan B” que contiene la esencia de reformas electorales, así como el paquete de leyes que el pasado 30 de abril se aprobaron de forma exprés en el Senado.
Así, sólo queda esperar pacientemente a ver cómo, una a una de las reformas del oficialismo, irán cayendo por su propio peso.