Este fin de semana se sintió con todo rigor la aplanadora legislativa del partido oficial en el Senado. Todo aquello que en su momento habían criticado, el “madruguete” o el “mayoriteo”, lo pusieron en práctica con plena experiencia.
El partido oficialista sacó un paquete de reformas al vapor, que llevaban consigna desde palacio nacional. El objetivo era claro, sacarlas como diera lugar. Para ello, cambiaron la sede para la sesión, se atrincheraron para evitar el ingreso de la oposición y “fast track” las fueron aprobando una a una. Algunas de ellas con dictámenes a medias y otras sin conocimiento de causa por parte de los legisladores.
En dicho paquete hay una que destaca porque representa el firme reconocimiento que hace tres años esta administración cometió un error brutal que le costó la vida a miles de mexicanas y mexicanos; me refiero a la desaparición del Insabi.
Nació en 2020 y tuvo como propósito sustituir al Seguro Popular, un mecanismo de atención a la salud que, si bien no era perfecto, por lo menos era funcional. El seguro popular había ido ampliando su catálogo de servicios plenamente cubiertos y su presencia en el territorio nacional. Prácticamente estaba presente en todo el país y los gobiernos estatales se habían acoplado a su operación.
No obstante, bajo el lema de acabar con la corrupción, la 4T optó por destruir todo para volver a crear desde cero. Sin embargo, en ese intervalo entre la destrucción y la construcción, todo se perdió, porque se creó un organismo inoperante que no dio los resultados, ni deseados ni esperados. Fue tal el error, que el Insabi nunca alcanzó el nivel de cobertura del seguro popular y, pese a la resistencia de los gobiernos estatales, se les impuso su anexión forzosa, so riesgo de quedarse sin recursos para atender sus hospitales regionales o locales. Fue un acto de plena coacción política y financiera.
Se trató de una decisión tomada a la ligera, por intereses políticos, transitorios, sin diagnóstico ni estudio previo, como lo han hecho con muchas otras. La diferencia es que, en este caso, el error no costó dinero, sino vidas humanas.
Lo hecho fue un acto criminal, pues se experimentó con la salud de miles de mexicanas y mexicanos que perdieron la vida por falta de medicamentos, indebida atención o negligencia médica. ¿Qué pensaran los familiares de todas esas víctimas que no recibieron atención a tiempo o con la calidad necesaria?
Prueba de ello fueron los decesos en la pandemia por Covid-19, donde nuestro país cuenta con el fatídico número de 333 mil 840 personas fallecidas, quinto lugar a nivel mundial; no obstante que otros países, como China, cuna del virus, llegaron apenas a 5 mil 272 muertes.
Ahora, sin más ni menos, con total desvergüenza y de un plumazo, las y los legisladores del oficialismo aprueban una reforma para desaparecer dicho organismo y pasarle toda la carga al IMSS-Bienestar, el cual tampoco está en las mejores condiciones para cumplir con los parámetros del acceso a la salud: universalidad y calidad.
¿Cómo le hará esta institución para dar atención a los millones de derechohabientes que requieren atención? ¿Cuenta con la infraestructura, recursos e insumos necesarios para ello? ¿Qué recursos y en qué medida se le entregarán para cumplir con esas responsabilidades?