En los últimos meses se ha puesto en boga el llamado “Plan B” de la reforma electoral. Un intento por modificar aquello que el partido oficialista no pudo conseguir con la reforma constitucional, dado que no obtuvo los votos suficientes.
Ahora, con una reforma a leyes secundarias, en las que solo se requiere la mayoría simple en ambas cámaras, pretenden nuevamente desarticular el Instituto Nacional Electoral.
Uno de los puntos cruciales en dicha reforma es la supresión del servicio civil de carrera electoral, así como la desaparición de las 500 juntas distritales que están distribuidas en toda la república mexicana para convertirlas en oficinas intermitentes; cuestión que afectaría los derechos de más de 7 mil trabajadores que tendrían que ser cesados o reubicados en la institución.
Para refrescar la memoria, recordemos que detrás de la decisiva votación en noviembre pasado; en las 32 entidades federativas, millones de personas salieron a las calles a demandar una frase sencilla en su texto, pero contundente en su mensaje: “El INE no se toca”. Un movimiento cívico, apartidista y ciudadano que demostró la verdadera fuerza de la oposición unida y que, incluso, despertó la preocupación del oficialismo.
El punto es que el mensaje de la ciudadanía fue muy claro y preciso, no debe haber ninguna reforma al INE que ponga en riesgo la democracia, porque tocar a esa institución que ha costado construir más de 30 años implicaría un retroceso para la libertad.
En ese contexto, es que ahora el partido oficialista ha ideado y echado a andar el “plan b” del “Plan B”, es decir, una alternativa para que, desde su perspectiva, las reformas se vuelvan intocables y apliquen al siguiente proceso electoral, independientemente que sean revisadas y declaradas inconstitucionales. Este nuevo “plan” consiste en estirar lo más que se pueda el tiempo para aprobar la reforma electoral, con la finalidad de que los cambios queden “firmes”.
Al respecto, el artículo 105 de la Constitución establece que las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse. En este caso, el proceso electoral 2023-2024 comienza en septiembre, por lo que el plazo máximo para aprobar cualquier modificación vencería el 31 de mayo. La intención del grupo oficialista en el Senado es retrasar la discusión y votación de la ley lo más que se pueda hasta esa fecha, con la firme intención que no pueda ser más adelante invalidada.
Sin embargo, el razonamiento hecho por los legisladores es falible, pues dicho plazo no aplica para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda revisar y, en su caso, declarar la invalidez de aquellas disposiciones que vayan en contra de la Constitución. En este sentido, dicen los juristas que ante estas divergencias entre cuestiones procesales y sustanciales, debe imperar lo sustancial y, por ende, se deberá aplicar preferentemente la Constitución, no obstante que ello se determine fuera del plazo de los 90 días. Luego entonces, la estrategia de dilatar la discusión y aprobación carece de sentido, cuando ello no impediría que se haga valer la Constitución. En ese contexto, el “plan b” del “Plan B” ha perdido sentido y, seguramente, veremos cómo en unos días u horas, todo comienza a transitar.
Desde nuestra trinchera, como ciudadanía, nos corresponde insistir y seguir alzando la voz para defender una de las instituciones más importantes y trascedentes de nuestra sociedad. Por eso, hay que reiterar el mensaje para que se oiga fuerte y claro: EL INE NO SE TOCA.