Vaya forma de iniciar el 2026: en tan solo la primera semana de enero, se han registrado casi 200 homicidios dolosos, muchos de ellos vinculados al crimen organizado. Esta cifra resulta alarmante y genera inquietud en la sociedad, pues pone en duda la veracidad sobre las cifras difundidas por el gobierno federal.

En meses recientes, la presidenta de México y su equipo de seguridad han presentado datos que indican una tendencia a la baja en el número de homicidios dolosos. Se menciona una reducción del 35 al 40% en los casos diarios, lo que, según sus cifras, nos sitúan en mínimos históricos no vistos desde 2015. Sin embargo, esta aparente mejoría no parece reflejarse en la realidad cotidiana, donde la violencia sigue presente y afectando a estados como Sinaloa, Guanajuato, Veracruz, Estado de México, entre otros.

Si las cifras oficiales muestran mejorías, ¿por qué la realidad en las calles parece ir en sentido contrario? ¿Acaso se trata solo de una cuestión de percepción social, donde el miedo y la desconfianza influyen en cómo se interpretan los datos? ¿O existe la posibilidad de que las estadísticas oficiales no reflejen lo que en verdad está pasando?

Ampliar la discusión implica considerar varios factores: por un lado, la manera en que se recopilan, clasifican y reportan los delitos. El subregistro o la reclasificación de delitos podría estar distorsionando la información real sobre la violencia en México. Prueba de ello, son los datos contrastantes en la entidad más violenta del país: Guanajuato. Si bien, de acuerdo con las cifras del gobierno, dicho Estado ha tenido una disminución del 60% en homicidios dolosos diarios, aún sigue ocupando el primer lugar de incidencia delictiva. Pero además, esos datos contrastan con un aumento significativo en el número de personas desaparecidas que suman más de 5 mil 400 al mes de enero, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Por otro, el impacto mediático de eventos violentos que, aunque sean excepcionales, tienen gran peso en la opinión pública, como el reciente hallazgo de tres fosas clandestinas con 9 cuerpos en el Municipio de Mexicali, Baja California o, en su momento, los vestigios del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Entonces ¿Qué está pasando? Los números no mienten ¿o sí?

Tal vez lo que está sucediendo es que la manera como se conforma la estadística no está siendo lo suficientemente técnica y transparente posible. Sí, debemos aceptar que la política de combate a la delincuencia que está impulsando la presidenta Sheinbaum es muy distinta a la de su antecesor y que ello ha desinhibido el actuar de varios grupos criminales. Pero de ahí a señalar que la violencia ha prácticamente desaparecido, es querer tapar el solo con un dedo.

Es fundamental analizar estos fenómenos con visión crítica y objetiva, definir si el gobierno realmente está abordando las verdaderas causas de la violencia, o si más bien, los resultados positivos que reporta son superficiales y temporales. Con un análisis profundo y transparente se podría comprender si realmente el país avanza hacia la pacificación o si persisten retos complejos y ocultos que no conocemos.