Las recientes inundaciones que han afectado a diversos estados del país han demostrado, de manera contundente, la vulnerabilidad de las autoridades mexicanas ante los desastres naturales.

Este fenómeno no sólo expone la falta de planeación y la deficiente capacidad de respuesta, sino que también pone en relieve la carencia de recursos económicos adecuados para hacer frente a emergencias de gran magnitud.

En amplias regiones de México quedó claro que los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación —a nivel federal, estatal y municipal— no han demostrado la capacidad necesaria para salvaguardar la seguridad e integridad de la población frente a eventos meteorológicos extremos.

Esta situación no es exclusiva de las inundaciones recientes. Basta recordar el devastador paso del huracán Otis en 2024 por la costa del estado de Guerrero, que dejó al puerto de Acapulco en ruinas. La falta de recursos y de acciones contundentes por parte del gobierno federal impidió una respuesta eficiente, dejando a miles de familias sin hogar ni empleo durante meses. Aún hoy, la ciudad sigue enfrentando las secuelas de esa catástrofe, lo que demuestra la insuficiencia de los mecanismos gubernamentales de atención y recuperación.

Del mismo modo, la prolongada sequía que azotó al país desde finales de 2024 hasta mediados de este año, originó más de 8 mil incendios en extensas áreas boscosas, agravando la crisis ambiental y social.

Estos eventos extremos, lejos de ser casos aislados, son resultado directo del cambio climático, cuyos efectos ya se manifiestan con fuerza. En menos de un año hemos enfrentado ciclones tropicales, sequías severas y, recientemente, inundaciones atípicas que han puesto en riesgo tanto a comunidades urbanas como rurales.

Ante este panorama, surge una pregunta fundamental: ¿qué nos depara el futuro? y más importante aún, ¿está realmente preparado el gobierno para responder a estos desafíos? La desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) ha sido objeto de numerosos debates. Se le acusó de ser ineficiente, de estar plagado de corrupción y de ser utilizado indebidamente por sus administradores, lo que llevó a su eliminación sin que se estableciera un mecanismo alternativo que garantizara la atención inmediata y sostenible ante emergencias.

Si bien es cierto que el Fonden requería mejoras en su operación, mayor transparencia y controles más estrictos para evitar el desvío de recursos; su eliminación ha dejado un vacío que hoy se traduce en una respuesta lenta y limitada ante desastres naturales.

La figura de los fideicomisos, duramente criticada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ofrecía la ventaja de invertir fondos públicos en instrumentos financieros que generaban ingresos adicionales, permitiendo así multiplicar los recursos disponibles sin comprometer las finanzas públicas. La finalidad era clara: contar con un respaldo económico sólido para enfrentar emergencias como las recientes inundaciones, sin afectar otros rubros del presupuesto nacional.

Hoy, carecemos de algo equivalente y la experiencia de los últimos meses demuestra que México requiere urgentemente un sistema eficiente, transparente y autofinanciable para la gestión de desastres naturales. La prevención, la planeación y la inversión en mecanismos de respuesta rápida no sólo protegerían a la población, sino que también contribuirían a la estabilidad y recuperación económica del país.

Sin embargo, como siempre pasa en este país…una vez ahogado el niño, se tapa el pozo.