Las manifestaciones que se han estado presentando en las últimas semanas no son producto de la casualidad o de un gran movimiento golpista de “la derecha”, como lo quiere hacer ver la 4T; son consecuencia del hartazgo social por la ineficacia del gobierno para atender y solucionar los problemas del país.
En las últimas semanas, México ha sido testigo de numerosas manifestaciones sociales en varios puntos de la República. Las causas son diversas y los participantes más, pero en esencia, todas dejan ver un elemento común de fondo: la ausencia del Estado frente al control que ejercen los grupos criminales en el territorio.
Estas movilizaciones, protagonizadas por sectores tan diversos como jóvenes, docentes, personal de salud, campesinos, transportistas, extrabajadores del Poder Judicial, entre otros; han puesto en evidencia la insatisfacción de amplios sectores sociales ante la respuesta de las autoridades. La ineficacia del gobierno para atender y resolver de fondo las demandas colectivas se ha convertido en un fenómeno recurrente, que impacta de manera significativa y negativa en el tejido social y la gobernabilidad.
La raíz de esta ineficacia se puede rastrear en varios factores estructurales.
En primer lugar, la deficiente disposición al diálogo, comenzando con la titular del Ejecutivo Federal que ve “salinas pliegos” y “derechistas”, por todas partes. Las autoridades suelen optar por minimizar, postergar o incluso ignorar las demandas de la ciudadanía movilizada. En lugar de abrir canales efectivos de comunicación, muchas veces se recurre a la descalificación, lo que provoca mayor irritación social y, en ocasiones, la radicalización de los movimientos.
Otro aspecto importante es la burocracia excesiva y lentitud institucional para atender las demandas sociales. Los procesos administrativos para atender las exigencias suelen ser complejos, opacos y lentos. La acumulación de trámites y la falta de transparencia generan desconfianza y una percepción de indiferencia institucional.
Aunado a ello, los casos de corrupción, sobre todo con grupos delincuenciales y, en contrapartida, falta de voluntad política, hacen que los intereses particulares o de grupo dentro de las estructuras gubernamentales entorpezcan la atención eficaz a las manifestaciones. Las soluciones se posponen o se negocian a puerta cerrada, excluyendo a quienes protestan.
Y claro, como lo vimos el 15 de noviembre, un enfoque represivo y uso desproporcionado de la fuerza pública, hacen que las tensiones se aumenten considerablemente. Es común que la respuesta gubernamental privilegie el despliegue policiaco, la criminalización de la protesta y la represión, antes que la mediación y la negociación. Esto no solo agrava los conflictos, sino que propicia violaciones graves a los derechos humanos.
La ineficacia gubernamental se hace patente y muestra su peor cara, la de ingobernabilidad. La falta de respuestas satisfactorias hace que las manifestaciones se prolonguen, intensifiquen y, en algunos casos, deriven en confrontaciones directas con la autoridad. Los bloqueos de carreteras, plantones, paros laborales y protestas masivas afectan la economía local y nacional, dificultan el tránsito y alteran la vida cotidiana de comunidades enteras.
Así, cuando la ciudadanía percibe que sus demandas no son escuchadas ni atendidas, la confianza en las instituciones democráticas se erosiona, optando mejor por la radicalización, al no encontrar canales más efectivos de interlocución.
Por ello, es que la ineficacia del gobierno para resolver los conflictos ya se está convirtiendo en un problema de fondo. Un problema que requiere renovación en las estructuras y técnicas de gobernar. Solo mediante la construcción de puentes de diálogo, la erradicación de la corrupción y el respeto irrestricto a los derechos humanos, es como podremos avanzar hacia una sociedad más participativa, justa y pacífica.