Desde su concepción, la reforma judicial ha tenido un cúmulo de errores y despropósitos. Parece ser que cada día que avanza se confirman los malos presagios.
A partir de que se planteó la iniciativa por el expresidente López Obrador, se habló de los riesgos que implicaba abrir la elección de personas juzgadoras al voto directo. Comenzando con la llegada de personas sin el perfil o la preparación suficiente, hasta la probable incursión del crimen organizado, la reforma tuvo muchas críticas y opositores. Los puntos negativos de esta ocurrencia eran múltiples, se hicieron ver y no fueron escuchados por quienes detentan el poder. Académicos, estudiosos del derecho, miembros de la Judicatura, organizaciones civiles, comunicadores, entre otros, dejaron ver los riesgos de este modelo.
Si bien, la presidenta Sheinbaum ha referido varias veces que lo más fácil era modificar la conformación de la Suprema Corte, como lo hizo Zedillo en 1994, también lo es que ello no hubiera sido suficiente cuando el propósito es más amplio y ambicioso: controlar a todos los jueces, magistrados y ministros, en todos los niveles.
Pero más allá de los vicios de origen, la ejecución de la reforma ha sido desastrosa. Hoy, a más de ocho meses de haberse publicado, el proceso de elección de personas juzgadoras ha tenido varios tropiezos y errores. De entrada, la conformación de los comités de evaluación en los tres poderes, que estuvieron controlados por personas afines al partido en el poder, afectando su imparcialidad y objetividad. Pero además, el bochornoso episodio de la tómbola en el Senado, ¿lo recuerda? Provocado por la renuncia del comité del Poder Judicial que no analizó el perfil de los solicitantes y así, sin más, envió la lista de aspirantes. Consecuencia: más de 20 candidatos que no cumplen con los requisitos de idoneidad.
Desde algunos previamente sancionados, como uno que fue acusado y destituido por acoso sexual, hasta otros vinculados con el narcotráfico, abogados prominentes del crimen organizado que buscan adueñarse de los juzgados penales, los escándalos que han salido a la luz pública son el claro ejemplo de que el proceso ha sido mal cuidado.
Ahora, una vez ya conformadas las listas y enviadas para la impresión de las boletas, el oficialismo pretende pasarle el problema al INE. Resulta que los dos presidentes de las cámaras en el Congreso, ambos de origen morenista, solicitaron al INE la eliminación de 26 candidaturas por tener vínculos con el crimen organizado y por no cumplir con la calificación mínima de 8. Esto a menos de un mes de que se lleve a cabo la elección.
Aunado a ello, las campañas de las personas candidatas han mostrado de todo: acarreo, corporativismo, apoyos simulados, memes, etc. Todo, menos seriedad. Además de la ausencia de propuestas, aquellos que pretenden ocupar un lugar en la institución, empezando por el máximo tribunal, se han centrado en crear popularidad subiendo videos y aplicando slogans que caen en la comedia. Ello ha convertido la contienda en un circo donde lo importante es llamar la atención, no resolver los problemas de la gente.
Y para rematar, las boletas kilométricas, con cientos de nombres que difícilmente alguien podrá comprender y definir en la casilla, sin que hasta hoy exista claridad en la forma como se debe votar.
Así, con tanto “detalle”, la elección judicial se prepara para ser histórica, no por su tipo, sino por todos los errores, ocurrencias e infortunios que la vienen acompañando desde su inicio. Vaya despropósito.
