En las últimas semanas, tanto en redes sociales como en los medios de comunicación y en las conversaciones informales dentro de los pasillos de la Cámara de Diputados, ha cobrado fuerza la preocupación de que Morena pretende utilizar una mayoría calificada artificial para modificar nuevamente la Constitución.

El motivo detrás de este intento, según diversas voces, es de carácter cuestionable: alterar los tiempos y las condiciones de la revocación de mandato con el propósito de beneficiar intereses partidistas y no el interés genuino del pueblo.

La revocación de mandato, conviene recordarlo, es un mecanismo de participación democrática que empodera a la ciudadanía al otorgarle la facultad de remover anticipadamente a un funcionario de elección popular por su notoria y abierta ineficacia en el ejercicio de sus funciones.

Este instrumento, lejos de fortalecer a quienes detentan el poder, fue concebido como una herramienta para que el pueblo pueda corregir el rumbo y restaurar el orden democrático, eliminando a los malos gobernantes y reafirmando el principio de que el poder reside en la gente.

En México, la revocación de mandato se incluyó en el marco constitucional en 2019. Sin embargo, su implementación resultó polémica desde el inicio, pues fue promovida desde el propio gobierno por el expresidente López Obrador, quien la utilizó para someterse a la consulta popular en abril de 2022. Aunque se trató de un hecho histórico, ya que por primera vez los mexicanos pudieron decidir si el titular del Poder Ejecutivo Federal debía continuar o no en el cargo, el proceso dejó un sabor amargo. El porcentaje de participación ciudadana fue bajo, apenas del 18%, y el oficialismo capitalizó la coyuntura para proclamar que más del 90% de los votantes refrendaron su apoyo al presidente. Este resultado distorsionó la narrativa original, presentando la revocación como una supuesta “ratificación” del mandato presidencial, lo que provocó un desgaste del mecanismo, alejándolo de su fin genuino.

Actualmente, Morena ha reactivado su maquinaria legislativa y electoral con miras a influir decisivamente en los procesos electorales de 2027. El objetivo central es adelantar la fecha de la revocación de mandato para hacerla coincidir con las elecciones ordinarias en las que se renovarán diputaciones federales, senadurías, gubernaturas, diputaciones locales, ayuntamientos, así como cargos del Poder Judicial federal y de los poderes judiciales locales.

De acuerdo con la Constitución vigente, la revocación de mandato debe realizarse una sola vez y dentro de los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional, es decir, entre septiembre y diciembre de 2027. Morena, sin embargo, propone adelantar este ejercicio y empalmarlo con la jornada electoral que se celebraría el primer domingo de junio.

La justificación oficial para este cambio es la supuesta necesidad de eficientar recursos públicos y evitar gastos innecesarios derivados de la organización de dos procesos electorales distintos. No obstante, el trasfondo, según analistas y opositores, es habilitar a la presidenta de la República para que pueda participar abiertamente en campaña, bajo el argumento de que está promoviendo su imagen en el contexto de la revocación de mandato. Esto le permitiría, de manera indirecta, respaldar a su partido y a sus candidatos durante la contienda electoral, desvirtuando el espíritu del mecanismo ciudadano.

De esta manera, el mecanismo de revocación de mandato corre el riesgo de ser nuevamente manipulado y desnaturalizado, y convertirlo en un mero trámite para consolidar el poder de quienes ya lo ostentan, restando credibilidad y eficacia a una figura pensada originalmente para servir al pueblo.