En los últimos días ha circulado en redes sociales y medios de comunicación un video en el que se observa a un exfuncionario de la 4T, quien estuvo al frente de PEMEX, golpeando y amenazando a su esposa. Este es un caso más, profundamente indignante y reprobable, de violencia de género en el entorno familiar.
Frente a la gravedad del hecho, la presidenta de la república instruyó que se investigue y sancione al responsable conforme a derecho, lo cual es lo mínimo aceptable. Sin embargo, la mandataria evade un punto crucial: el agresor fue un funcionario de su confianza, nombrado directamente por ella, quien incluso en su último día de labores apareció sentado a su lado en la misma mesa de trabajo. Ante esto, cabe preguntar, realmente ¿llegamos todas?
En este caso, ¿Dónde queda la responsabilidad política al permitir que perfiles de esta índole colaboren en la alta administración pública?
Este caso es el reflejo de una realidad nacional. Como este, existen miles de episodios a lo largo y ancho del país donde las mujeres quedan en total indefensión frente a sus agresores. Es válido cuestionar si ¿esta fue la primera y única ocasión en que este sujeto actuó con tal brutalidad?, o si su conducta era reiterativa, amparada en la secrecía del hogar. Sobre todo, surge una duda institucional: ¿qué mecanismos de protección real y efectiva ofreció el Estado a la víctima antes de que la situación estallara públicamente?
La propia víctima ha declarado en medios de comunicación que vivió en un estado constante de pánico y aislamiento, atemorizada por la posición política y la influencia económica de su agresor. Un individuo que, más allá de sus credenciales académicas, dejó en claro su absoluto desprecio por la integridad y la dignidad humana, especialmente hacia quien consideraba en una posición de vulnerabilidad. Resulta inadmisible que hombres que cometen estos actos ocupen cargos de primer nivel en una administración encabezada por una mujer.
El discurso oficial de "llegamos todas", difundido hasta el cansancio, se difumina y pierde legitimidad cuando los propios integrantes del proyecto político ejercen violencia machista en el ámbito privado. Ahí radica el núcleo del problema en México: en la normalización, el desconocimiento y la indiferencia ante la violencia estructural.
Es alarmante que la destitución del exfuncionario y la cancelación de su próximo nombramiento al frente del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) hayan ocurrido únicamente porque el video se volvió viral. De no haberse difundido esa grabación, ¿qué habría pasado?, ¿cuánto tiempo más habría tenido que soportar la víctima ese nivel de violencia bajo la sombra del poder?
Frente a la recurrencia de servidores públicos que abusan de su posición para cometer estas barbaries, es urgente que las instituciones implementen filtros estrictos de control. Estos parámetros deben evaluar no solo el perfil psicológico y los antecedentes penales de los candidatos, sino también su congruencia en el ámbito privado. Si bien la vida privada es un derecho, quienes aspiran a gobernar deben demostrar honorabilidad; la intimidad no puede ser un escudo para la impunidad ni un espacio de terror para personas indefensas.
La erradicación de la violencia de género exige que el gobierno y sus instituciones den el primer paso y pongan el ejemplo. Sancionar a este individuo conforme a derecho es obligatorio, pero insuficiente. Este caso debe transformarse en un punto de inflexión para diseñar políticas públicas de protección real, preventiva y efectiva para las mujeres. Ese es y debe ser el siguiente paso que, desde nuestras trincheras, las funcionarias y servidoras públicas debemos exigir e impulsar.