La semana pasada se aprobó por mayoría en el Congreso la Ley de Aguas del Estado de Querétaro. Si bien se trata de una ley necesaria en muchos aspectos, también su proceso de elaboración, discusión y votación fue, por decir menos, desafortunado.
Y es que, no obstante que el agua en Querétaro es uno de los temas más delicados y torales de la agenda pública, como es costumbre en la Legislatura del estado con mayoría azul, la ley pasó fast track, sin mayor debate, análisis ni contraste.
El grupo mayoritario de Acción Nacional, de la mano con los diputados aliados de Querétaro Independiente, aprobaron casi de inmediato y sin dar espacio a la oposición, el dictamen de ley. Un dictamen que, no obstante el gran interés que existe por el público en general, hasta la fecha se desconoce su contenido, pues como los mismos diputados de oposición lo comentaron, el documento no fue abiertamente distribuido.
Nuevamente el grupo mayoritario juega al madruguete y consigue en primera instancia el objetivo propuesto: pasar la ley, cueste lo que cueste. Si bien la mayoría legislativa les permite operar de esa manera, ello afecta gravemente la legitimidad de las instituciones, especialmente, la del Congreso del estado.
Y es que más allá del cumplimiento a las formalidades de quorum y votación, para que las leyes sean eficaces, es necesario que tengan un halo de legitimidad, esto es, que la ciudadanía se sienta identificada con el objetivo perseguido, para con ello acatar sus disposiciones. Lo contrario genera una serie de impugnaciones y resistencia de particulares que hacen poco viable su aplicación.
Todo ello es importante considerarlo porque el objeto de esta norma es acceder a un elemento fundamental para toda la población, pues regula el uso, disposición, distribución y saneamiento del vital líquido, en todas sus dimensiones y alcances. Por ese motivo, era necesario e indispensable que la Ley de Aguas fuera abierta y ampliamente discutida, en donde se abriera el micrófono a todas las opiniones y todas las voces que, de una u otra forma, tuvieran alguna aportación por hacer.
En este sentido, la opacidad con que fue aprobada la norma ha provocado que en la sociedad se haya arraigado la presunción (válida por cierto) de que el agua en Querétaro se privatizará. La creencia de que la norma está hecha para beneficiar a inversionistas privados, a cambio de perjudicar a los usuarios con tarifas más altas, es lo que ha quedado profundamente sellado en la memoria colectiva.
Y aunque los diputados del grupo mayoritario descalificaron tal insinuación, lo cierto es que su opacidad y falta de transparencia, han provocado esa reacción, y con toda justificación. Por el contrario, han tratado de posicionar el argumento de que, con la Ley, se eliminarán los macromedidores y se impulsarán las tomas individuales en condominios y fraccionamientos no entregados; sin embargo, ello ha pasado a segundo término cuando la falta de apertura y transparencia ha opacado sus bondades.
En vista de todo esto, se auguran tiempos complejos para la Ley de Aguas del estado, una Ley que, más allá de sus aciertos, permanecerá manchada por la opacidad y la falta de transparencia con que fue aprobada.