Esta semana se discutirá en la Cámara de las y los diputados la reforma a la Ley de Amparo, una iniciativa presentada e impulsada desde Palacio Nacional y que ha generado mucha polémica y controversia.

Más allá de los aspectos técnicos, los cuales han sido ampliamente abordados y explicados por juristas y abogados especialistas, es importante considerar el impacto que esta reforma tendrá en la vida real y su verdadera finalidad.

Es lamentable ver cómo instrumentos de defensa para los ciudadanos (emblemáticos para México), como el Juicio de Amparo, han sido cooptados y manipulados por la 4T con la única finalidad de concentrar más poder. No fue suficiente con desmantelar todo el Poder Judicial Federal, también ha sido necesario modificar los procedimientos que la misma Constitución prevé para su defensa.

Y es que, por donde se vea, la reforma es regresiva. Entre sus modificaciones, se está postulando acotar el llamado “interés legitimo”. Una figura procesal que permitió a organizaciones civiles, como las defensoras de derechos humanos o grupos vulnerables (indígenas, discapacitados, niñas, niños y adolescentes, mujeres maltratadas, etc.) presentar juicios de amparo ante actos de autoridad con efectos generales.

Con ello, las autoridades tendrán manga ancha para ejecutar cualquier acción, decisión, obra o política, sin considerar que pueda ser inconstitucional o que afecte derechos difusos, como el de protección al medio ambiente o el de acceso al agua.

Otra modificación importante es lo relativo a la impugnación de créditos fiscales.

Si, es cierto, el juicio de amparo ha sido incorrectamente utilizado para evitar o dilatar el cobro de contribuciones, pero ello no puede utilizarse a manera de excusa para evaporar la eficacia protectora del juicio de amparo.

La dilación en el cobro bien podría evitarse, por ejemplo, con tribunales especializados que fueran más expeditos en el dictado de resoluciones.

En el fondo, se está allanando el camino para que opere una política recaudatoria de mano firme, algo que algunos han catalogado como “terrorismo fiscal”.

Y ¿cómo no? Si el gobierno federal está enfrentando un déficit grave de liquidez, producto de la herencia dada por el ex presidente López Obrador y sus obras que, hasta la fecha, siguen consumiendo gran parte del presupuesto.

Así, la 4T está buscando por todos los medios de allegarse de recursos para cumplir sus objetivos, a costa incluso, del bolsillo de las y los mexicanos.

Algo es cierto, con estas acciones están consolidando su segundo piso, un sistema centralizado y vertical, que pone énfasis en la recaudación más que en atención a los problemas. Tarde o temprano veremos las consecuencias.