Lo ocurrido el pasado sábado no solo fue lamentable, bochornoso y reprobable, sino que evidenció, de manera preocupante, la creciente intolerancia del gobierno de Morena ante la crítica ciudadana y el legítimo derecho a la libertad de manifestación.
La reacción desproporcionada ante el descontento social refleja una alarmante falta de sensibilidad y capacidad política para gestionar los conflictos mediante el diálogo y el consenso, optando en cambio por la represión y la fuerza.
Los enfrentamientos registrados en el Zócalo de la Ciudad de México han dejado una profunda huella de indignación entre la población. Decenas de videos que circulan en redes sociales muestran claramente la actuación violenta y desmedida de los cuerpos de seguridad, quienes lejos de proteger a los ciudadanos, se convirtieron en agentes de agresión.
Es innegable que la violencia solo engendra más violencia, y en este caso, la forma en que los granaderos dispersaron la manifestación resultó no solo desproporcionada, sino también carente de toda ética y profesionalismo policial. Se evidenció la ausencia de protocolos claros, el uso excesivo de la fuerza y la falta de estrategias preventivas que prioricen el diálogo sobre la confrontación.
En lugar de buscar una solución pacífica, se optó por una respuesta violenta que derivó en un verdadero campo de batalla, donde miles de ciudadanos resultaron heridos, incluyendo adultos mayores, menores de edad y personas indefensas. Este tipo de acciones lastiman gravemente la confianza de la sociedad en sus instituciones y ponen en riesgo los principios democráticos que deberían regir la convivencia nacional.
Lo vivido es el resultado directo de la falta de capacidad y sensibilidad del gobierno para gestionar crisis. No podemos ignorar el profundo impacto causado por el asesinato del exalcalde Carlos Manzo, una tragedia que ha dejado una cicatriz imborrable en la sociedad mexicana. Este lamentable suceso ha exacerbado el descontento social y ha servido como catalizador para que miles de personas salieran a las calles, tanto en Uruapan como en diversas ciudades del país, expresando su indignación y hartazgo. Las manifestaciones del sábado eran, en realidad, una consecuencia esperada ante la ausencia de respuestas claras y acciones concretas por parte de las autoridades.
La actitud insensible y distante del gobierno frente al dolor colectivo y las legítimas demandas ciudadanas ha sido el combustible que avivó la confrontación. Esta situación no se trata de un simple enfrentamiento de ideologías, ni de una lucha entre izquierda y derecha. El verdadero problema radica en la inacción y la falta de voluntad de las autoridades para hacer frente a cuestiones fundamentales como la inseguridad, la corrupción y combate al crimen organizado.
Cuando la ciudadanía percibe que sus gobernantes no solo ignoran sus necesidades, sino que además responden con represión, se genera un ambiente de desconfianza y polarización que amenaza la estabilidad social y los valores democráticos. La sociedad mexicana merece gobernantes empáticos, comprometidos y capaces de responder a los retos actuales con sensibilidad y eficacia, dejando de lado la represión y el autoritarismo.