La narrativa que la Presidenta de la república y su partido político han construido en torno a una supuesta injerencia extranjera no solo es ficticia, sino también peligrosa.
El pasado domingo, la Presidenta encabezó un mitin en el Monumento a la Revolución para emitir un mensaje con motivo del segundo aniversario de su llegada a la titularidad del Ejecutivo y del octavo año de la llamada 4T. Ese mensaje, además, fue replicado en actos públicos realizados en las 32 entidades federativas. Eso, en sí mismo, no es novedoso. Su antecesor también mostró una marcada inclinación por convertir la plaza pública en escenario permanente de propaganda política.
Lo que realmente llama la atención en esta ocasión es el tono del mensaje: una denuncia abierta sobre una supuesta injerencia extranjera y, de fondo, una confrontación directa con Estados Unidos, sostenida sobre nociones ya muy desgastadas de “soberanía” y “nacionalismo”.
Sin embargo, la Presidenta incurre en un grave error. No solo se confronta abiertamente con nuestro vecino del norte y principal socio comercial, una potencia determinante en el equilibrio regional, sino que además confunde deliberadamente los intereses de su movimiento político con los intereses del Estado mexicano, como si la 4T y México fueran una misma cosa.
Esa equiparación es inaceptable. El hecho de que ella pertenezca a un partido o a un proyecto político no significa que dicho proyecto encarne a toda la nación. México es mucho más que cualquier gobierno o fuerza partidista y, por ello, merece respeto institucional, empezando por el que debe mostrarle su propia jefa de Estado.
Pero hay un problema adicional que la Presidenta no midió (o si lo hizo resulta todavía más grave). En el contexto político, jurídico y mediático en que nos encontramos, donde hay señalamientos claros y abiertos hacia funcionarios cercanos a su partido por presuntos vínculos con el crimen organizado, denunciar una supuesta intervención extranjera, particularmente de Estados Unidos, equivale en los hechos a cerrar filas en defensa de esos probables delincuentes.
Bajo esa lógica, su mensaje no solo protege políticamente a figuras como Rubén Rocha Moya y su entorno, sino que también envía la señal de que cualquier acusación de esa naturaleza podrá ser descalificada de antemano como parte de una conspiración externa, vacunándose además ante una muy probable derrota electoral.
Ese recurso no fortalece al Estado; al contrario, erosiona la credibilidad institucional y debilita la posibilidad de una rendición de cuentas seria. En otras palabras, con ese mensaje la Presidenta terminó por reforzar, aunque fuera involuntariamente, uno de los argumentos más agresivos del discurso de Donald Trump: México está subordinado al poder de los cárteles.
Sí, es cierto, México no puede ni debe ser objeto de ningún tipo de intervención o injerencia extranjera. Pero justamente por la gravedad del momento que atraviesa el país, esa defensa no puede convertirse en un pretexto para encubrir responsabilidades ni para blindar políticamente a quienes hoy están bajo sospecha. Si de verdad se quiere proteger la integridad del país, el primer paso debe ser “limpiar la casa” depurando las estructuras de poder y apartar a quienes, con sus vínculos o conductas, ponen en riesgo la estabilidad del Estado.
Por ello, defender la soberanía no significa negar la realidad, sino asumirla con seriedad, fortalecer las instituciones y garantizar que la ley se aplique sin distinciones. De lo contrario, el discurso nacionalista deja de ser una postura de Estado y se convierte más bien en una coartada…una coartada peligrosa de intereses partidistas.