La semana pasada se vivió algo histórico: el gobierno de Morena sintió por primera vez el contrapeso de una oposición.

El desechamiento de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum representa una derrota política significativa, tanto para ella, como para el movimiento que representa y de quienes impulsaron ese proyecto fallido.

La propuesta pretendía modificar, entre otros puntos, la forma de designación de los legisladores de representación proporcional, disminuir los recursos a los partidos políticos y adelantar la revocación de mandato para empatarla con las elecciones ordinarias del 2027; todo bajo el argumento de austeridad, apertura de las elecciones y combate a la corrupción. Sin embargo, como se dijo en el debate, no abordaba los temas cruciales para la democracia mexicana, como la incursión del crimen organizado en las elecciones, el financiamiento de campañas con recursos de procedencia ilícita, evitar la sobrerrepresentación en las cámaras, acabar con el chapulineo legislativo, terminar con la violencia política en todas sus manifestaciones y con el uso de programas sociales con fines electorales.

Es justo por esas razones (además de un proceso muy desaseado) que la iniciativa fue incapaz de convencer a la opinión pública y a sus mismos aliados en el Congreso. La resistencia de los demás partidos, opositores y la movilización de personas evidenciaron la falta de apoyo social y político real a esa propuesta, provocando con ello que tampoco se lograra el consenso legislativo necesario.

Ahora pretenden reducir el impacto del golpe, minimizando el tema, argumentando que quienes votaron en contra de la reforma es porque buscan mantener sus privilegios, cuando es de todos sabido que, en el trasfondo, lo que se buscaba era pulverizar a los partidos chicos y a la competencia electoral, empoderando al partido oficialista que cuenta con el acceso indiscriminado a recursos públicos y programas sociales.

Así, la derrota en el terreno legislativo ha dejado a quienes promovieron la reforma en una posición vulnerable, porque dejó claro que el partido oficial no puede imponer su última voluntad, que aun pueden existir contrapesos que lo eviten y que, pese a las alianzas electorales, hay principios y propósitos superiores que no pueden ser vulnerados, como la pluralidad y la diversidad democrática.

Con esto, el esquema político de la 4T se pulverizó y el discurso de transformación perdió fuerza ante el fracaso de una reforma fundamental. El episodio demostró que la alianza oficialista no es absoluta, que hay fracturas al interior y que los partidos pequeños tienen gran capacidad de resistencia. También demostró que, frente a todo, en México las instituciones pueden frenar intentos de concentración de poder. A futuro, la experiencia obligará a replantear la estrategia política y a buscar consensos reales, en vez de imponer reformas sin respaldo.

Ahora, el desechamiento de la reforma electoral ha abierto las puertas a un llamado “Plan B”, acrónimo que no es del todo correcto, pues en realidad plantea una situación muy distinta a la original. Una propuesta que sí tiene grandes repercusiones para el federalismo mexicano, pues desde el gobierno central se buscará disminuir la estructura y recursos de los congresos estatales y de los ayuntamientos, otra vez bajo la justificación de “austeridad republicana”.