La salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República ha dejado un vacío de información inmenso y, con ello, un mar de dudas, cuestionamientos y conjeturas.

¿Cuáles fueron las causas que motivaron la salida del exfiscal? Es una pregunta que muchos hacen y que pocos, o nadie, tiene la información suficiente para contestar. En la carta que el funcionario dirigió al Senado de la República manifestó que se retiraba del cargo porque la titular del Ejecutivo Federal le había ofrecido o postulado para ocupar la embajada de un “país amigo”, sin precisar a cuál se refería. Ello ha generado múltiples teorías que hablan de una salida forzada, una destitución simulada, hasta de un rompimiento entre la presidenta y su antecesor; pues no debemos olvidar que Gertz Manero fue una persona respaldada, propuesta e impuesta por el expresidente López Obrador.

No obstante, más allá de rumores y especulaciones, lo evidente es que la Fiscalía General de la República, al igual que la mayoría de las fiscalías estatales, no ha alcanzado la autonomía ni el funcionamiento profesional que debería tener, al permanecer bajo el control político de quien ocupa el Poder Ejecutivo.

La prueba más clara de esta situación es la inminente designación de Ernestina Godoy como nueva Fiscal General, quien ya funge como encargada del despacho y ha comenzado a implementar cambios internos en la institución. Como recordará, Godoy fue titular de la Fiscalía en la Ciudad de México durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, posteriormente fue postulada por Morena para el cargo de senadora (cargo que actualmente tiene bajo licencia), y más tarde se desempeñó como consejera jurídica de la Presidenta de la República.

Así, desafortunadamente, lo que deja ver todo este movimiento es que aún seguimos esperando que el sistema de justicia sea independiente al sistema político y que las fiscalías alcancen la autonomía que, en teoría, deberían ejercer. Esta falta de independencia se traduce en decisiones que muchas veces responden más a intereses políticos que a la aplicación imparcial de la ley. La designación de titulares en las fiscalías, como ha sucedido con la salida de Alejandro Gertz Manero y la inminente llegada de Ernestina Godoy, revela que el control político sobre estas instituciones sigue siendo una constante, lo que genera desconfianza entre la ciudadanía y obstaculiza el acceso a una justicia verdaderamente imparcial.

El hecho de que la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales continúen bajo la influencia del Poder Ejecutivo demuestra que la prometida autonomía institucional se ha quedado en el papel. Esto no solo limita la capacidad de investigar y sancionar delitos con objetividad, sino que también perpetúa la percepción de impunidad y corrupción en el sistema judicial mexicano. Para que exista un verdadero estado de derecho, es imprescindible que las fiscalías funcionen sin presiones externas y que sus titulares sean elegidos con base en méritos, experiencia y compromiso con la legalidad, no por afinidades políticas o recomendaciones personales.

Mientras no se logre desvincular el sistema de justicia del sistema político, los cambios en los titulares de las fiscalías seguirán siendo vistos como movimientos estratégicos de poder, más que como oportunidades para fortalecer la procuración de justicia en beneficio de la sociedad.

La autonomía de las fiscalías no solo es una exigencia legal, sino una necesidad urgente para recuperar la confianza ciudadana. ¿no lo cree?