El pasado 1 de septiembre, la presidenta de la República rindió su segundo informe de gobierno.
Más allá del formato distante y escueto con el que se presentó, la realidad es que el informe presidencial ha perdido sentido tanto para quien lo expone como para quien lo recibe: la ciudadanía. Aun así, a dos años de haber iniciado esta administración, resulta necesario hacer un corte de caja y revisar cómo va la gestión desde Palacio Nacional.
Omitiré entrar en números y cifras, pues ese análisis ya ha sido ampliamente abordado por especialistas. Me concentraré en señalar que, si algo ha caracterizado a esta administración federal es que toda su actividad se ha mantenido entre la espada y la pared por dos frentes creados: la relación con los Estados Unidos y la protección al expresidente López Obrador.
En temas como migración, comercio y seguridad, México ha tenido que negociar muchas veces con la pared enfrente. Desde Washington han llegado amenazas de aranceles, exigencias de mayor control fronterizo y presiones para que el gobierno mexicano actúe con más fuerza contra el crimen organizado. Ante ese escenario, Sheinbaum ha tratado de mantener una postura cuidadosa: cooperar, pero sin verse subordinada. El problema es que esa línea es fácil de decir y muy difícil de sostener. México depende demasiado de su relación con Estados Unidos, y eso limita cualquier margen de maniobra. La presidenta ha evitado caer en pleitos innecesarios, lo cual es positivo, pero también necesita mostrar una estrategia más sólida para que el país no viva siempre reaccionando a lo que decida el vecino del norte.
En materia de seguridad, el gobierno ha intentado marcar algunas diferencias frente al sexenio anterior. Hay más coordinación, más operativos y una relación más práctica con las agencias estadounidenses. Eso puede verse como un avance, pero todavía está lejos de resolver el problema de fondo. En muchas regiones del país, el crimen organizado sigue teniendo una presencia que se siente en la vida diaria: negocios que pagan extorsión, comunidades que viven con miedo y autoridades locales que no siempre tienen la fuerza, o la voluntad, para enfrentar a esos grupos.
Por eso, la seguridad no puede verse solo como un asunto de policías y militares. También es un problema político, y ahí entra el segundo punto: la defensa del “legado” de su antecesor.
Durante el sexenio del expresidente López Obrador se tomaron decisiones apresuradas, se impulsaron obras faraónicas y se dejó crecer la violencia bajo la estrategia de “abrazos, no balazos”. Además, distintos personajes cercanos al poder han sido señalados por presuntamente aprovechar su posición para obtener beneficios económicos e, incluso, por posibles vínculos con grupos criminales.
Claro que no se trata de condenar a nadie sin pruebas ni de ignorar la presunción de inocencia. Pero ese principio tampoco puede usarse como escudo político para evitar investigaciones serias. Cuando un partido protege automáticamente a los suyos, incluso frente a señalamientos graves, manda una señal muy mala: que la lealtad interna pesa más que la limpieza del gobierno.
Por eso, si la presidenta quiere construir una autoridad propia en lo que resta de su sexenio, debe demostrar que nadie está por encima de la ley, ni siquiera quienes forman parte de su proyecto político. Ese será uno de los puntos clave para medir si su gobierno realmente puede combatir la impunidad, lo que sin duda ayudaría a fortalecer los lazos institucionales con Estados Unidos.
Al final, su gobierno será juzgado no solo por lo que logre administrar, sino por lo que se atreva a corregir. Ahí está la verdadera prueba de su liderazgo.