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La instrucción dada desde la Presidencia ha sido clara: sacar las leyes en materia de seguridad, cueste lo que cueste.
Desde el oficialismo han dado banderazo a un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso. La instrucción viene desde Presidencia de la República, pues hay varias iniciativas que están en el congelador y que es urgente sacar de inmediato: la Ley de la Guardia Nacional, la nueva Ley de Seguridad Pública Nacional y la Ley de Inteligencia y uso de Tecnologías en materia de seguridad.
No somos ingenuos. La política de “abrazos, no balazos” que enarboló el expresidente López Obrador, tuvo que ser abandonada por las presiones directas de Estados Unidos y su mandatario, Donald Trump. A diferencia del sexenio pasado, la Guardia Nacional, las fuerzas armadas y la Secretaría Federal de Seguridad Ciudadana han mostrado una actitud más activa de combate frontal al crimen organizado. Eso es positivo, pues la pasividad también es una forma de corrupción. Sin embargo, la política criminal y de seguridad sigue siendo la misma desde los tiempos de Felipe Calderón y, hasta el momento, los resultados han sido nulos.
Es cierto, los índices de criminalidad en el país, aunado al potencial destructor que muestran los grupos delincuenciales, han hecho que la presencia del ejercito en las calles sea algo cotidiano y hasta necesario; pero también lo es que este gobierno, como los anteriores, no han cambiado ni explorado otras estrategias.
Lamentablemente, hemos normalizado la situación. Existen zonas del país en donde no hay gobierno, donde la violencia es continua y la ausencia del Estado latente. La realidad es que la presencia de las fuerzas armadas en las calles ha mostrado muy pocos avances en el combate a la inseguridad. La militarización de la seguridad no ha servido de mucho y los grupos delincuenciales, en lugar de disminuir sus fuerzas, se empoderan con gran libertad. En este contexto, una de las consignas para las y los legisladores de la 4T es sacar, cueste lo que cueste, esas tres leyes de seguridad.
Sobre la Guardia Nacional, con esa ley se consolida la transmisión de esa institución a las fuerzas armadas. Aquello que fue constantemente criticado por los obradoristas, ahora lo aplicarán abiertamente con este cuerpo de seguridad.
En cuanto a la nueva Ley del Sistema Nacional de Seguridad, destaca la tendencia centralizadora del gobierno federal. En lugar de fortalecer a las corporaciones estatales y municipales, ahora todo quedará en manos de la Secretaría de Seguridad federal y las fuerzas armadas. El objetivo es claro: controlar al 100% el territorio en materia de seguridad y, de paso, a los gobiernos en oposición.
Y para concluir, ¿usted tiene la confianza para entregar al gobierno toda su información personal, incluidos datos biométricos? Pues eso es lo que apunta la propuesta de Harfuch en materia de inteligencia y uso de tecnologías. Que toda institución de seguridad, sin requerir orden judicial, pueda consultar y obtener la información de cualquier ciudadano con fines de investigación y persecución del delito. Cuestión que es grave ante un país en el que predomina la desaparición forzada de personas, la siembra de delitos y la tortura.
Así, la 4T da un paso más hacia un Estado policial militarizado. Un Estado donde, so pretexto de la seguridad, las libertades estarán en riesgo y en juego. Ojalá y esto no se convierta en aquel escenario trágico de la novela de George Orwell: 1984, y la constante presencia del “gran hermano”.
