En ocasiones se ha dicho que la palabra “narcopoliticos” es exagerada o un eslogan de la oposición. Sin embargo, cuando vemos casos como el presidente municipal de Tequila, Jalisco, nos damos cuenta que ese acrónimo ya no es golpeteo, es una realidad.
El caso del presidente municipal de Tequila es solo un ejemplo de la podredumbre que hay en el sistema político mexicano. No es un caso excepcional, es la regla que, preocupantemente, se está imponiendo.
Este hecho ilustra de cuerpo entero la forma como el crimen organizado ha penetrado las instituciones y ha controlado a sus cabezas. En concreto, el exalcalde no solo se limitó a colaborar abiertamente con un grupo criminal, sino que usó su cargo para enaltecer al líder de la organización, crear bailes en su honor, intimidar, amenazar, extorsionar y hasta dañar a sus rivales, incluso de su mismo partido político.
Si bien, existe la percepción de que las instituciones oficiales son vulnerables ante la corrupción y el crimen organizado, la realidad es que bajo la administración de Morena estas prácticas parecen haberse normalizado y, en algunos casos, intensificado, al punto de convertirse en un “enjambre”. A pesar de sus discursos de honestidad y no corrupción, los hechos demuestran que ese partido ha permitido que el crimen organizado se infiltre en sus filas y, de forma indirecta. en las instituciones. Ejemplos sobran, muchos de ellos sobre personajes intocables que todavía se pasean tranquilamente en las altas cúpulas del poder.
En el caso del exalcalde, la pregunta fundamental es: ¿el partido político que lo postuló tenía conocimiento de sus nexos con los grupos delictivos? En ambos sentidos, la respuesta que se dé apuntaría dos graves consecuencias: complicidad o negligencia.
Esto demuestra que los cargos públicos se están convirtiendo en recompensas para el crimen organizado, lo que pone en riesgo a la democracia y a la legitimidad de todo el sistema político mexicano. La falta de filtros efectivos, la permisividad y la ausencia de mecanismos de control en los procesos de selección de candidatos han terminado por manchar la legitimidad de las instituciones y, en consecuencia, de la democracia misma.
Es preocupante pensar que quienes deberían velar por la legalidad y la transparencia, no solo fallaron en detectar estos vínculos, sino que incluso pudieron haberlos tolerado o encubierto.
Esta situación pone en entredicho la autenticidad de los procesos democráticos y deja ver una alarmante incapacidad para erradicar el tráfico de influencias, la corrupción y la colusión criminal. Todo ello genera un círculo vicioso donde la impunidad alimenta la desconfianza ciudadana y facilita que los mismos actores corruptos se mantengan o regresen al poder.
Como sociedad, tenemos que exigir respuestas y actuar. No basta con indignarse, es necesario demandar transparencia, mecanismos estrictos y efectivos de rendición de cuentas. Lo que está en riesgo, no solo es la tranquilidad de las personas y la paz social, sino la estabilidad del Estado.