La investigación sobre el lamentable descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado 28 de diciembre de 2025, ha generado más dudas que respuestas.
El descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, a la altura del municipio de Nizánda, Oaxaca, que cobró la vida de al menos 14 personas y que dejó más de 90 heridas, fue un hecho que provocó horror, miedo, coraje y una profunda indignación social.
Desde un inicio, todo apuntaba a que la obra presentaba deficiencias: se señalaba que el tren no había sido rehabilitado con materiales de calidad y que su remodelación no cumplía con los estándares de seguridad y calidad requeridos para un proyecto de esa magnitud. En paralelo, comenzaron a circular nuevamente audios relacionados con los hijos del expresidente López Obrador y sus allegados, en los que se evidenciaban posibles casos de corrupción vinculados al Tren Maya (que, cabe recordar, también sufrió un descarrilamiento) y a otras obras en las que participaron. Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había detectado desde 2023 irregularidades y deficiencias significativas en la planeación y ejecución de la obra.
Ante este panorama, todo parecía indicar que las investigaciones se tendrían que enfocar en estos aspectos.
Sin embargo, en un giro inesperado y que ha generado sospechas, la Fiscalía General de la República concluyó que la responsabilidad del trágico evento recae en la imprudencia del operador y de otros servidores públicos de bajo rango, quienes supuestamente no controlaron la velocidad del tren, provocando el descarrilamiento.
Esta resolución ha causado indignación y enojo en la opinión pública, ya que se percibe como insatisfactoria y con la intención de buscar “chivos expiatorios” que no involucren a personas de alto nivel o mandos superiores. Es una situación similar a lo ocurrido en la Ciudad de México con el colapso de la Línea 12 del Metro, ¿la recuerda? Que también dejó 26 personas fallecidas y más de 50 lesionadas. ¿Quién terminó en la cárcel? ¿Quiénes fueron realmente responsables? Sólo ocho exfuncionarios de mediana jerarquía que no tienen mayor relevancia, siendo el de mayor rango el exdirector del Proyecto Metro.
En este contexto, la investigación del Tren Interoceánico se está llenando de una densa bruma que no da claridad sobre la verdad. ¿Es cierto que el tren no tenía velocímetro? ¿Es cierto que el tren no tenía freno de emergencia o control de velocidad? ¿Qué papel jugaron en la tragedia el estado de los rieles y los durmientes? ¿Realmente el tren estaba en condiciones de operar? Muchas y muchas preguntas que aún no han sido debidamente respondidas. Este caso se suma a una larga lista de casos donde la responsabilidad legal se diluye entre funcionarios de baja o mediana importancia. No se llega al fondo del problema ni se sanciona a los verdaderos responsables, especialmente a quienes ejecutaron y ordenaron la realización de la obra.
Ello representa un punto de inflexión para la credibilidad del gobierno federal, ya que pone a prueba la confianza de la ciudadanía en las instituciones, así como su imparcialidad, objetividad y, por encima de todo, su compromiso con el combate a la corrupción. En lo que respecta a la fiscal Ernestina Godoy, recae sobre ella la responsabilidad de legitimar su nombramiento —ya de por sí ampliamente cuestionado— demostrando independencia y ausencia de vínculos políticos que pongan en duda su credibilidad. Por su parte, la Presidenta de la República debe demostrar que ha roto con los pactos de impunidad y que realmente está decidida a erradicar la corrupción, sin importar el nivel jerárquico de los involucrados.
No obstante, mientras se siga intentando encubrir la verdad y se castigue únicamente a personas de bajo perfil, quienes además carecen de los recursos para defenderse, será imposible identificar a los verdaderos responsables y, lo más importante, brindar justicia a las víctimas y al pueblo de México.