La falta de contrapesos es el caldo de cultivo para destruir la democracia y engendrar gobiernos autoritarios.

Cuando un grupo, partido o líder político tiene poder ilimitado, los únicos medios para detenerlo y controlarlo son los llamados “factores reales de poder”. Claro ejemplo es Donald Trump y su decisión de imponer aranceles en todo el mundo. Decisión que se vio detenida o suspendida ante la caída estrepitosa en los mercados bursátiles.

En el caso de México, cuando el partido oficialista construyó su mayoría calificada en el Congreso de la Unión, mayoría que por cierto fue muy cuestionada porque no reflejaba la verdadera intención de voto de las y los mexicanos, ya que con poco más del 45% de la votación se adueñaron del 75% de las cámaras de diputados y senadores; se dio paso a un frenesí legislativo que ha tenido graves repercusiones.

El desmantelamiento y cooptación del Poder Judicial, Federal y Locales, la desaparición de organismos constitucionales autónomos, la eliminación de cualquier mecanismo de control y defensa ante reformas constitucionales, el desfalco a las cuentas de ahorros de las y los trabajadores en el INFONAVIT, entre otros puntos, son algunos ejemplos de acciones que han hecho de la supermayoría oficialista, un verdadero mecanismo de riesgo para la democracia y el estado de derecho.

Eso ha hecho imposible detener cualquier decisión, imposición u ocurrencia, con todas las consecuencias que ello ha generado. No obstante, las implicaciones que tengan las decisiones, éstas se ven limitadas frente a la imposición de la realidad, empezando por la sociedad civil. Las y los ciudadanos se han convertido en el principal contrapeso y elemento de control para detener acciones autoritarias.

En ese contexto, fue justamente la sociedad civil, medios de comunicación y de información, quienes contundentemente pusieron un alto al albazo que el oficialismo pretendió ejecutar con la llamada “Ley Censura”.

Si bien, se está de acuerdo en que, como país, no podemos permitir la injerencia de anuncios publicitarios pagados o producidos por naciones extranjeras, que afecten o menoscaben la soberanía y dignidad de México; ello no es justificación para tratar de imponer una nueva ley que busca, en el fondo, controlar y censurar la libertad de expresión.

La redacción original del difundido artículo 109, deja muy claro las verdaderas intenciones del oficialismo: tener un mecanismo de control para todas aquellas publicaciones y canales informativos que sean críticos e incomodos para el régimen. Si bien, la discusión se ha centrado en ese artículo, ello no quita el dedo del renglón y prende las alertas sobre el riesgo que implica esa nueva Ley y las “letras chiquitas”. No podemos ni debemos permitir que este atropello se consume.

El control a los medios de comunicación y canales de información es la ambición de cualquier gobierno autoritario. No solo se busca manejar la narrativa y el flujo de la información, sino institucionalizar la censura y acabar con cualquier manifestación libre de ideas.

Si bien, la “Ley Censura” fue detenida por el momento, lo que importa destacar es que, desde Palacio Nacional y en contubernio con la mayoría oficialista en el Senado, no solo la propusieron, sino que la defendieron e impulsaron; y que si no hubiese sido por los medios de comunicación y la sociedad civil, seguramente la hubieran aprobado (fast track).

Fue gracias a esa contención que evitamos perder uno de los aspectos más delicados de nuestra democracia: la libertad de expresión, pues una vez que la ciudadanía sea callada, no habrá manera de distinguir la realidad de la ficción.