El caso de Rubén Rocha Moya ha escalado de forma preocupante. Lo más grave no sólo es su dimensión política, sino la falta de atención a las repercusiones que está provocando en la vida pública del país y, sobre todo, de Sinaloa.
Mientras el debate nacional se concentra en declaraciones, cálculos partidistas y estrategias de control de daños, especialmente desde el partido oficialista, el problema sigue creciendo y afecta la estabilidad institucional y la confianza en el gobierno, especialmente frente a nuestro vecino del norte y principal socio comercial.
Desde que se conoció la solicitud de Estados Unidos para detener y extraditar al gobernador con licencia Rocha Moya y a otros nueve funcionarios de su administración, la reacción de Morena y del gobierno federal ha estado marcada por cautela, mensajes contradictorios y una defensa política aferrada. La postura oficial insiste en que no procederán sin pruebas “contundentes”, pero esa respuesta ha reforzado la percepción de que el caso se maneja con criterios políticos y complicidad, más que con seriedad y transparencia.
Ahora, la entrega voluntaria de dos exfuncionarios a autoridades estadounidenses y el congelamiento de cuentas por parte de la UIF han tensado más el escenario, dejando ver que el tema no son sólo especulaciones o golpeteo político. Hay un trasfondo muy grave que aún a estas alturas, la 4T se niega a reconocer y afrontar.
También mostraron que el problema no afecta sólo la imagen del exgobernador, sino que puede alcanzar a sectores más amplios de su administración. En este contexto, la Presidenta ha intentado reducir el impacto del caso con llamados a la soberanía nacional y mensajes de respaldo al proyecto oficial. Sin embargo, sus intervenciones han dejado la impresión de que la prioridad es proteger políticamente a su movimiento antes que esclarecer los hechos.
Esa estrategia puede cohesionar a su base, pero no responde a la pregunta central: ¿qué efectos tendrá este caso sobre la gobernabilidad, la legitimidad institucional y la capacidad del Estado para enfrentar una posible crisis?
Pero mientras la atención pública se concentra en el conflicto político, se deja de lado lo más importante: la situación de la población sinaloense. Ahí es donde el caso muestra su dimensión más grave, porque no se trata sólo de responsabilidades penales o tensiones entre gobiernos, sino del deterioro de las condiciones de vida de miles de personas que enfrentan miedo, incertidumbre y parálisis económica.
Desde el inicio de los enfrentamientos entre los Chapitos y la Mayiza, Sinaloa vive una espiral de violencia constante. Entre 2022 y 2024, la tasa de homicidios casi se duplicó y las desapariciones superaron los 700 casos en 2024. Pese a la presencia del gobierno federal, las fuerzas de seguridad y el ejército, la violencia no ha disminuido de forma sustancial.