Una de las mayores virtudes de la democracia es la pluralidad y el diálogo abierto entre diferentes perspectivas. Sin embargo, Morena se alista para poner fin a esa diversidad e imponer una sola visión de gobierno.
Como si no hubiera temas más urgentes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo dos anuncios que han captado la atención: la presentación de una reforma electoral integral y el nombramiento de Pablo Gómez, duro político de izquierda, como presidente de una comisión especializada para ese fin.
Estas noticias han encendido las alarmas, pues es bien sabido que en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador se impulsó el llamado “Plan B”, un intento fallido de cooptar al Instituto Nacional Electoral (INE) y debilitar a la oposición al extremo.
Por ahora, varias personas que ocuparon cargos como consejeros y magistrados electorales, encabezadas por el expresidente del INE, Lorenzo Córdova, han publicado un manifiesto solicitando que la reforma electoral se discuta en un ambiente de apertura y consenso.
Aun así, la Presidenta ha definido que, entre los temas de la reforma, estarán la reducción de recursos públicos para partidos políticos, la eliminación de plurinominales y la disminución de los costos operativos del INE, tópicos que, a primera vista, resultan populares, pero cuyas repercusiones podrían ser sumamente graves para la libertad y la pluralidad en México. Así como pasó con la reforma judicial, la Cuarta Transformación pretende transferir la responsabilidad de sus decisiones al “pueblo”, anunciando que se llevará a cabo una consulta ciudadana para definirlos. El resultado de dicha consulta es previsible, pues sería como preguntar a la población si quiere dejar de pagar impuestos, no obstante los efectos negativos.
En esto debemos estar alertas. En primer lugar, porque de concretarse la presentación de esta iniciativa, sería la segunda vez en la historia reciente que se impulsa una reforma electoral integral desde el poder, es decir, sin que parta de la exigencia de la oposición o de la ciudadanía.
Recordemos que, históricamente, las reformas electorales han surgido de las demandas de las minorías, ya que su objetivo es conquistar espacios dentro del espectro político. Así ocurrió con la reforma de 1976, que permitió a los partidos pequeños tener representación en el Congreso general mediante legisladores de representación proporcional; con la de 1990, que dio origen al entonces IFE y al Tribunal Federal Electoral, al sistema de impugnaciones y al financiamiento público para partidos; la de 1994, que incorporó la figura de consejeros ciudadanos al INE, o la de 2008, que fortaleció la fiscalización, el control de gastos de campaña y el acceso igualitario a los medios de comunicación. En todos estos ejemplos, la oposición y la ciudadanía fueron los principales promotores. En cambio, ahora, la reforma se impulsará desde el gobierno federal.
