Ayer, 8 de septiembre, se presentó el paquete económico para el ejercicio fiscal 2026 y, la verdad, las cosas no lucen nada bien.
Como cada año, se presenta ante el Congreso de la Unión el paquete económico que contiene, en general, los elementos de política hacendaria, financiera y fiscal que aplicará el gobierno para hacerse de recursos y dirigir el gasto público.
Entre los diversos elementos que lo conforman, los que llaman poderosamente la atención son el proyecto de ley de ingresos, la miscelánea fiscal y el presupuesto de egresos. Los primeros dos definen el origen de los recursos, es decir, de donde sacará el gobierno para hacer frente a sus necesidades financieras, el tercero define a dónde se dirigen tales recursos, esto es, en qué se gastará el dinero.
En términos generales, la situación financiera del país no se ve bien, pues de entrada, el crecimiento del PIB está apenas por encima del 1.5%, los gastos heredados del gobierno del expresidente Andrés Manuel ya rebasan el billón de pesos sólo para mantener sus obras faraónicas, y la deuda pública ronda más o menos en los 18 billones de pesos, lo que representa cerca de 50% del PIB, es decir, por cada peso que el país produce, la mitad se va al pago de deuda.
Pero lo más alarmante y que terminará por afectar a las familias mexicanas en su poder adquisitivo es el anuncio del aumento en ciertos impuestos, como el IEPS que se aplicará a productos como los refrescos, el alcohol, el tabaco y otros alimentos poco saludables.
Esto no es nuevo, en los últimos años el gobierno mexicano ha implementado varias políticas fiscales encaminadas a reducir el consumo de bebidas azucaradas y alcohólicas, así como productos del tabaco, destacando el aumento de impuestos a los refrescos; sin embargo, el tema ha generado un intenso debate entre distintos sectores de la sociedad, incluyendo autoridades sanitarias, pues más allá de que son productos que obviamente no deben ser consumidos en grandes cantidades, lo grave son los efectos secundarios que este aumento puede ocasionar en la economía local, especialmente con la inflación.
Y es que la inflación, aunque es un fenómeno económico común, puede tener varios efectos negativos en la economía y en la vida cotidiana de las personas. Uno de los principales efectos es la pérdida del poder adquisitivo. A medida que los precios de los bienes y servicios aumentan, el valor del dinero disminuye, lo que significa comprar menos con la misma cantidad de dinero.
En este contexto, no debemos olvidar que varios de estos productos son básicos para el sustento de las pequeñas tiendas y misceláneas, así como de micronegocios de comida y otros servicios que dependen, en cierta medida, de esos ingresos, por lo que el aumento en el costo de ese tipo de productos podría afectar las finanzas de esas unidades económicas. De esta manera, el aumento de impuestos podría afectar el empleo y la economía local.
Por tanto, no sólo basta con aumentar los impuestos para desinhibir el consumo de estos productos, sino que es fundamental además, que estos recursos se destinen a programas de salud, educación nutricional y acceso a agua potable, para que el impuesto tenga un impacto social positivo y tangible.
Solo así, con educación y prevención, es como realmente se podrá lograr un equilibrio entre la protección de la salud de la población y el respeto a las necesidades económicas de todas las personas en la República mexicana. De lo contrario, el impuesto se percibirá como lo que aparenta ser en realidad, una simple medida recaudatoria, sin beneficios claros para la población.
