En México, la regulación de las aguas pluviales es un tema crucial que aún está pendiente en la agenda ambiental y urbana.
El acelerado crecimiento de las ciudades, la expansión desordenada y la falta de infraestructura adecuada han incrementado la vulnerabilidad frente a los riesgos asociados a la lluvia. ¿Cuántas historias no hemos escuchado de familias que pierden todo ante una inundación?
Querétaro, por ejemplo, enfrenta fuertes desafíos derivados de la ausencia de una regulación efectiva. La ciudad ha experimentado una constante en la frecuencia e intensidad de inundaciones, lo que evidencia la urgencia de gestionar de manera integral las aguas pluviales. Ante esto, no hay un marco regulatorio adecuado que defina, con precisión y claridad, competencias y responsabilidades.
Seamos claros, la gestión de los escurrimientos representa un reto multidimensional. Existe una carencia de normatividad para orientar la captación, el aprovechamiento, reúso y evacuación del agua de lluvia.
Las autoridades municipales y estatales suelen carecer de recursos económicos y técnicos suficientes para implementar soluciones efectivas, lo que ha llevado a que en muchas ciudades el agua de lluvia se desperdicie y sea vista más como un problema que como una oportunidad. Las consecuencias de esta falta de regulación son claras: inundaciones, daños a viviendas e infraestructura, pérdida de bienes, interrupción en la movilidad urbana y contaminación de cuerpos de agua.
Además, la urbanización excesiva incrementa la superficie impermeable y reduce la infiltración hacia los mantos acuíferos, alterando gravemente el ciclo hidrológico.
En Querétaro, por ejemplo, el rápido crecimiento demográfico y urbano ha llevado a la ocupación de zonas vulnerables y a la modificación de cauces naturales. Numerosas colonias sufren inundaciones severas durante las lluvias intensas, afectando a miles de personas y generando pérdidas económicas significativas, mientras que en otras zonas del Estado, la sequía es permanente.
Los sistemas de drenaje pluvial resultan insuficientes para desalojar los altos volúmenes de agua generados por eventos extremos. Además, la falta de planeación urbana y políticas integrales han agravado el problema, pues en muchos desarrollos inmobiliarios no se contemplan sistemas de captación o retención de aguas pluviales, y la infraestructura existente suele estar rebasada.
La impermeabilización de grandes superficies, como estacionamientos y vialidades, reduce la capacidad de absorción del suelo e incrementa el escurrimiento superficial.
Regular las aguas pluviales no solo es fundamental para reducir riesgos, sino que también representa una oportunidad frente a la escasez hídrica. Implementar sistemas de captación y almacenamiento de agua de lluvia puede contribuir a recargar acuíferos, abastecer el riego de áreas verdes y disminuir la presión sobre fuentes convencionales de abastecimiento.
Para lograrlo, es indispensable actualizar los marcos normativos y establecer políticas que incentiven la construcción de infraestructuras verdes como jardines de lluvia, techos verdes y pavimentos permeables. La participación ciudadana y la colaboración entre los sectores público y privado son claves para diseñar soluciones adecuadas. Así, la regulación de las aguas pluviales en México, especialmente en Querétaro, es una tarea pendiente que no admite más retrasos.
El futuro de las ciudades depende de la capacidad para transformar el agua de lluvia, en una oportunidad para reabastecer los mantos acuíferos y fortalecer nuestro medio ambiente.