El pasado 5 de agosto el gobierno de los Estados Unidos decidió suspender las exportaciones de aguacate michoacano. Una consecuencia previsible ante la crisis de inseguridad que se vive en nuestro país.
La alerta emitida por la embajada estadounidense paralizó las inspecciones para certificar los embarques hacia el mercado norteamericano, después de amenazas contra intereses y personal de ese país. Con ello quedó claro que el problema no estaba en la calidad del producto, sino en la incapacidad del Estado Mexicano para garantizar condiciones mínimas de operación y seguridad.
Pero esto no es nuevo. El aguacate, motor económico de Michoacán y fuente de empleo para miles de familias, se ha desarrollado desde hace décadas en medio de extorsiones, amenazas y disputas criminales. Productores, cortadores, empacadores y transportistas han denunciado que trabajar implica pagar, callar o exponerse. Sin embargo, mientras la violencia afectó principalmente a ciudadanos mexicanos, la respuesta oficial fue insuficiente, fragmentaria y reactiva. La normalización de la inseguridad permitió que los grupos criminales penetraran una cadena productiva global hasta convertirla en rehén.
La importancia del sector explica por qué la crisis trasciende el ámbito local. Michoacán no sólo abastece una parte decisiva del consumo estadounidense; también simboliza la promesa de que una economía regional puede insertarse con éxito en mercados internacionales. Precisamente por eso, la captura criminal del entorno productivo resulta tan dañina: encarece costos, rompe la confianza de compradores y expulsa la inversión.
La reacción del gobierno mexicano revela esa pasividad. Tras la suspensión, la Presidencia anunció reuniones con autoridades estadounidenses. También se habló de un plan de acción para restablecer las inspecciones. Pero esas medidas llegaron después del golpe externo. Fue hasta que el gobierno norteamericano alzó la voz que las autoridades mexicanas actuaron, deteniendo lideres criminales.
Esa reacción tardía revela una dependencia preocupante. En teoría, el gobierno mexicano no debería necesitar que una autoridad extranjera suspenda inspecciones para admitir que una región productiva está bajo presión criminal. La protección de inspectores, productores y trabajadores debería ser una política preventiva, no una respuesta de emergencia.
Cuando la seguridad se activa sólo para conservar el acceso a un mercado externo, el mensaje hacia las comunidades es desalentador. Garantizar la seguridad de los productores nacionales no bastó para activar una estrategia sostenida. Esa lógica exhibe un Estado que administra la violencia, no la combate. La autoridad aparece entonces no como garante del orden, sino como gestor de crisis.
La suspensión del aguacate obliga a preguntar cuántas denuncias internas, cuántos cobros ilegales y cuántas comunidades vulneradas fueron necesarias antes de reconocer la magnitud del problema. Si bien la reanudación parcial de operaciones es buena, no debe confundirse con una solución. Lo urgente es recuperar el territorio, investigar redes de extorsión, proteger a trabajadores y garantizar que el éxito exportador no dependa de acciones improvisadas y emergentes.
El caso del aguacate michoacano muestra que la seguridad pública en este gobierno es reactiva e improvisada, sin estructura ni estrategia. Sin una protección efectiva para los productores mexicanos, que sea constante y sostenida, difícilmente podremos reestablecer de manera loable una relación comercial estable con nuestro vecino del norte o cualquier otra nación.