A un año de haber iniciado su gestión, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una encrucijada que podría definir el futuro de su gestión. El pasado 1 de octubre se cumplió un año desde que la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo asumió la Presidencia de la República. Su llegada estuvo acompañada de la esperanza de millones de mujeres que, por fin, celebramos el ascenso de una mujer al cargo más alto del país. Más allá de colores partidistas, posturas ideológicas y proyectos políticos, es innegable que se rompió con siglos de opresión, discriminación y segregación en contra de las mujeres.
Precisamente por esta razón, la actual jefa del Estado mexicano tiene un compromiso mayor con el país, ya que no sólo representa a quienes apoyaron su proyecto político, sino también a millones de mujeres que depositaron su esperanza en la causa feminista.
No es una labor sencilla ni está exenta de obstáculos, ya que, para marcar una diferencia real y definitiva, la presidenta debe romper con el probable pacto patriarcal y demostrar que no es una extensión o la sombra de López Obrador, pues compartir una visión política es muy distinto a defender los errores y actos de corrupción de la administración anterior. La realidad es que los compromisos políticos que asumió y aquellos que le fueron impuestos por su antecesor la han ido desviando de su propio rumbo y la mantienen limitada, lo que pone en entredicho su credibilidad y autoridad institucional.
Ejemplo de ello son los escándalos del senador Adán Augusto, cuya fortuna cada vez resulta más cuestionable y cuyos vínculos con el grupo criminal “La Barredora” han generado preocupación; así como la ostentación de riqueza por parte de los hijos del expresidente, quienes están implicados en diversos casos de corrupción, o la polémica alrededor de la residencia del senador Fernández Noroña.
¿Y qué decir del caso de huachicol fiscal, el cual impactó de manera significativa la reputación de la Secretaría de Marina? Las implicaciones de este escándalo, ocurridas durante el sexenio anterior, apenas comienzan a salir a la luz. Se trata de actos que causaron un daño considerable a la hacienda pública, con pérdidas superiores a los 500 mil millones de pesos anuales, y que podrían involucrar a decenas de funcionarios públicos de alto nivel.
Estos y otros episodios de corrupción representan mucho más que simples desafíos para la administración; son, en realidad, el punto de quiebre que podría definir su sexenio. La manera en que la presidenta enfrente, investigue y sancione estos hechos será fundamental para determinar si su gobierno representa el inicio de una nueva era.
