Hoy inicia el tercer año de labores en la LXVI Legislatura federal, un año de mucho trabajo pero también de muchos retos.
De acuerdo con datos oficiales, hasta ahora la legislatura vigente en la Cámara de Diputados ha emitido más de 190 dictámenes, entre reformas constitucionales, reformas legales y acuerdos legislativos. La agenda ha incluido temas controvertidos, como la reforma judicial, los paquetes de reformas electorales, la desaparición de organismos autónomos y la aprobación de normas señaladas por sus posibles efectos restrictivos sobre la libertad de expresión.
Por ello, en este cierre la agenda pública exige algo más que rapidez: demanda deliberación, técnica legislativa y sensibilidad frente a problemas que ya no admiten postergación. No se trata sólo de abrir un nuevo periodo ordinario, sino de entrar al tramo final de una legislatura que deberá dejar huella en beneficio de la ciudadanía y en esto la mayoría del oficialismo tendrá una gran responsabilidad, pues de ellos dependerá si los asuntos más urgentes para la población transitarán por el cuerpo legislativo.
Entre los temas pendientes destaca la necesidad de ordenar prioridades. La discusión del paquete económico, las reformas en seguridad, salud, derechos de pueblos indígenas, bienestar animal y combate a la corrupción competirán por tiempo, atención y consensos. A ello se suma el calendario electoral de 2027, que inevitablemente presionará los debates y puede convertir cada iniciativa en campo de disputa partidista. Precisamente por eso, el tercer año legislativo debería asumirse como una oportunidad para elevar el nivel del diálogo público y no como una antesala de campañas.
En ese contexto, destaca la propuesta de expedir una Ley General contra el Feminicidio. México necesita un marco nacional que homologue criterios, cierre brechas entre entidades federativas y obligue a investigar con perspectiva de género toda muerte violenta de mujeres. Por sus implicaciones y alcances, una ley de esta naturaleza no puede limitarse al aumento de penas: debe fortalecer fiscalías especializadas, garantizar derechos de las víctimas indirectas, mejorar protocolos periciales, asegurar reparación integral y establecer mecanismos de evaluación. La verdadera prueba será que la norma no quede como una declaración simbólica, sino que transforme y elimine prácticas negativas que han hecho mucho daño a la población y que están marcadas por la negligencia, la revictimización y la impunidad.
También será crucial la regulación de la inteligencia artificial. Su avance ya incide en la economía, la educación, la seguridad, la comunicación y la vida cotidiana. Regularla no significa frenar la innovación, sino fijar límites claros para proteger derechos. El Congreso deberá discutir responsabilidades por daños, transparencia algorítmica, uso de datos personales, sesgos discriminatorios, ciberseguridad, protección de niñas, niños y adolescentes, y riesgos de desinformación. En un año previo a elecciones, la regulación de contenidos sintéticos, suplantación de identidad y propaganda automatizada sería muy positiva.
Por tanto, el reto que enfrenta esta LXVI Legislatura no es solo aprobar iniciativas, sino que éstas sean de calidad; leyes viables, financiables, evaluables y respetuosas de los derechos humanos.
Así, el inicio de este tercer periodo de trabajo debe entenderse no como la antesala para el cierre, sino como una convocatoria real y verdadera a legislar con visión de Estado y responsabilidad, porque las decisiones que se tomen ahora marcarán no sólo el fin de la legislatura, sino la calidad de la democracia mexicana en los años por venir.