Para garantizar la seguridad del Presidente de la República, de los representantes de los Poderes Legislativo y Judicial y de los más de 20 gobernadores que visitaron la ciudad para conmemorar la promulgación de la Constitución de 1917, este domingo se restringió el acceso al primer cuadro del Centro Histórico de la capital queretana.
Guardia Nacional y elementos de las corporaciones de los diferentes niveles de gobierno cerraron con vallas metálicas las calles cercanas al Teatro de la República y al Palacio de Gobierno, lugar en donde se realizó la reunión de Conago.
Desde las primeras horas de ayer se vieron elementos policiacos y de seguridad privada que rodearon el primer cuadro de la ciudad, con vallas que negaban el acceso ala zona.
En años previos, el cerco de seguridad se instalaba únicamente en las calles aledañas al Teatro de la República, desde el Jardín Zeneca, en el cruce de Ángela Peralta y Corregidora, así como Juárez y Guerrero; sin embargo, en esta ocasión, el muro amplió su perímetro, donde se vio además un gran número de elementos, lo que ocasionó la molestia de ciudadanos, quienes se acercaban a increpar a quienes impedían el paso, alegando que, al negarles el libre tránsito, “violan la propia constitución que se está celebrando”, les gritaban a los oficiales.
Además de la seguridad, la organización brilló por su hermetismo, ya que, mientras en otras ocasiones se sabía la agenda a seguir del día, en esta ocasión alegaban no estar enterados de los eventos que se tenían programados para el día.
Inconformes
Entre los protestantes que pedían ser escuchados, se presentaron artesanos indígenas y dijeron estar indignados porque se les retiró de manera indebida del Centro Histórico.
Afirmaron que se les impidió el acceso para vender sus productos y que una noche antes se les roció con agua para que se quitaran de las vialidades; afirmaron tener videos de la agresión que sufrieron.
También acudieron quienes se dijeron ilegalmente desalojados de la zona conocida como La Cuadrilla, en Juriquilla, ellos deseaban exponer su situación ante el gobierno federal.
Para solicitar respaldo de la Presidencia se acercó Lucina Salinas, habitante de Colón, quien explicó tener un hijo que se encuentra enfermo por depresión, pues desde hace ocho años está recluido en la prisión del Campo Militar Número 1.
Decidió acudir, dijo, esperando obtener respaldo: “el Presidente dijo que ayudaría a personas que injustamente se encuentran en prisión” y que, como ella, carecen de recursos.
Únicamente puede ver a su hijo, Martín Salinas, cuando ella recibe el apoyo económico federal para las personas de la tercera edad, depósito que aprovecha para llevarle “centavitos, comida y ropa”.
Ya hace un año intentó, sin éxito, conseguir apoyo. “Le dejé un recado, cuando ya iba para mi tierra me hablan, que él quería hablar conmigo, pero nunca me dijeron que me esperara, yo me fui, ya cuando quiso él hablar, ya iba llegando yo a mi tierra, a mi casa, a mi comunidad”, expuso Lucina Salinas.
El interés por llevar una serie de solicitudes al Presidente de la República también fue el motivo por el que integrantes de la Unión Cívica Felipe Carrillo Puerto intentaran acercarse a alguno de los recintos, sin éxito.
Estela Vargas indicó ser parte de un grupo de 60 artesanos indígenas; ella solicitó que se les instale un mercado especial en el primer cuadro del Centro Histórico, esto para ofrecer sus productos. A este sector no se le da espacio en el Centro de Desarrollo Artesanal Indígena (CEDAI) y, aunque existiera lugar para vender, no lo quieren, porque ahí no llega turismo, explicó.
Indicó que los comerciantes se encuentran imposibilitados para ofrecer sus productos desde el 17 de enero y que las autoridades no les permiten quedarse en un punto fijo del Centro Histórico. Son originarios de Querétaro, Puebla, Estado de México y Guerrero, aunque todos tienen años en la entidad.
“Nos exigen caminar, pero hay muchos compañeros que ya son de la tercera edad, discapacitados, realmente no pueden caminar, las canastas de las (muñecas) Lele están muy pesadas, el barro lo mismo, es barro pintado a mano… hay que buscarle para darle de comer a nuestros niños, a nuestras familias”, expuso Estela Vargas.
José Rico también acudió a la zona para solicitar ayuda. Denunció que el salario con el que se le registró ante el IMSS era diferente al verdadero.
Trabajaba para una concesionaria de gobierno estatal y sufrió un accidente discapacitante, se mintió en la gravedad de sus lesiones y en las de sus percepciones, por lo que gana una cantidad que no le alcanza para vivir. Demandó a su patrón, al ver que su proceso no avanzaba contrató a un abogado, quien lo engaño, le hizo firmar un pagaré en blanco y ahora lo amenaza con meterlo a la cárcel.
