A casi dos años de su construcción, el Tren Maya, la obra emblemática del expresidente Andrés Manuel López Obrador, no ha logrado superar los pleitos legales y enfrenta 51 litigios vigentes.
De acuerdo con información de la Coordinación General Jurídica y de lo Contencioso del Tren Maya, S.A. de C.V., a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se mantienen vigentes 12 juicios de amparo por expropiaciones y asuntos en materia ambiental, tres juicios de nulidad que denuncian la terminación anticipada de contratos y negativas de pago, así como una inconformidad por el valor del avalúo de un predio por donde pasa el tren.
De igual forma, se encuentra vigente un juicio civil en materia ambiental derivado de la construcción del Tren Maya, el cual fue notificado a la autoridad militar desde el pasado 7 de agosto de 2025; sin embargo, dicha querella corre el riesgo de ser anulada por la reforma en materia de juicios de amparo recién aprobada, la cual establece que para interponer un juicio de esa naturaleza, el quejoso debe de ser el afectado directo.
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También están en proceso de litigio cuatro juicios agrarios, interpuestos por grupos de campesinos que demandan restitución de tierras e indemnizaciones por las expropiaciones a sus predios durante la construcción del Tren Maya.
Finalmente, la megaobra de López Obrador enfrenta un total de 31 juicios laborales, que fueron interpuestos por personas que trabajaron en la obra y denuncian despidos injustificados y/o responsabilidad patronal solidaria.
El Tren Maya fue inaugurado el 15 de diciembre de 2023 y desde su construcción atravesó por un sinnúmero de denuncias por diversos motivos que hasta la fecha no se han logrado solventar.
En 2022, durante la construcción del tren, se contabilizaron hasta 321 personas que interpusieron denuncias y juicios de amparo en contra del proyecto.
Los litigios han ido a la baja por diversos motivos, entre los que destacan la determinación del gobierno de catalogar el Tren Maya como un tema de seguridad nacional, lo que de acuerdo con organizaciones involucradas ha dificultado la aplicación de órdenes judiciales y la transparencia en el proyecto.
También influye la dilación en los juicios por parte de los abogados de la Semarnat y Fonatur-Tren Maya, quienes han sido acusados de retrasar los procesos.
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Los recursos económicos han representado otro obstáculo para los quejosos. Colectivos como SOS Cenotes han tenido que recurrir a campañas de fondeo para cubrir los gastos de los litigios.
El organismo no gubernamental lanzó una colecta en línea a la que se podía sumar cualquier persona con donaciones desde 100 pesos, mediante la plataforma GoFundMe. “Estamos en contra de que un proyecto de esta magnitud avance, se siga construyendo e incluso empiece a operar sin estudios públicos, sin cumplir la ley, vulnerando los derechos humanos de quienes vivimos en la región y con gravísimas afectaciones ambientales y culturales”, recalcó en 2022 Camila Jaber, ingeniera en recursos hídricos e integrante de SOS Cenotes. A la fecha, los litigios continúan.
El Tren Maya abarca una ruta de mil 525 kilómetros y cruza cinco estados del sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Sus vías atraviesan selvas con ríos subterráneos, cavernas, cenotes y una amplia diversidad de flora y fauna.
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Los ecosistemas que fueron destruidos para la construcción del tren son hogar de animales silvestres, incluidas especies en peligro de extinción, como el jaguar.
Hasta ahora, y a pesar de la infinidad de litigios que el gobierno federal ha enfrentado para defender la megaobra, no existe una cifra públicay desglosada que precise cuánto dinero le han costado al Estado mexicano los litigios específicos en contra del Tren Maya.
Los costos relacionados con abogados, peritajes y otros gastos legales derivados de las diversas demandas y amparos presentados no se informan de manera transparente o separada del costo total del proyecto.
Sólo se tiene conocimiento de un caso específico en el que la Secretaría de la Defensa Nacional perdió un juicio por la rescisión de un contrato, resultando en un costo superior a los 86 millones de pesos. La información sobre el costo de los litigios contra el Tren Maya se mantiene reservada por el gobierno federal, bajo el argumento de tratarse de asuntos de “seguridad nacional”.