El Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma a la Ley Federal del Trabajo que reglamenta la reforma constitucional que reduce paulatinamente la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, a partir de 2027 y hasta 2030.
Con este cambio se armonizan las leyes secundarias a la modificación al artículo 123 constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 3 de marzo.
La reforma establece la duración máxima de la jornada laboral de 40 horas semanales, y se mantiene la redacción actual del artículo 61, pues la jornada diurna será de ocho horas, la nocturna de siete horas y la mixta de siete horas y media.
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El dictamen aprobado mantiene intacto el artículo 69, que establece que por cada seis días de trabajo deberá otorgarse al menos un día de descanso con goce de salario íntegro, como lo explicó Manuel Huerta Ladrón de Guevara, senador de Morena y presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.
“En otras palabras, esta reforma no cancela el modelo de cinco días de trabajo por dos de descanso, simplemente evita convertirlo desde ahora en la única fórmula constitucionalmente válida para todos los sectores. Esta es una distinción importante, porque legislar con seriedad también significa entender que la protección de derechos debe ser compatible con la diversidad de jornadas, de turnos y de actividades que existen en el país. Lo responsable no es confundir la meta con una sola vía para alcanzarla, la meta es clara, bajar de 48 a 40 horas semanales”, declaró.
En un transitorio se especifica que la duración de la jornada laboral se alcanzará de manera gradual, a partir del 1 de enero del año que corresponda, conforme a lo siguiente: en 2026, 48 horas; en 2027, 46 horas; en 2028, 44 horas; en 2029, 42 horas; y en 2030 40 horas semanales.
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La oposición reprochó que no se establezca claramente en la ley que la persona trabajadora tiene derecho a dos días de descanso por cada cinco días de trabajo.
La senadora del PRI Carolina Viggiano lamentó que “no habrá descanso garantizado y no habrá semana de cinco días laborables”.
“Habrá, eso sí, la posibilidad de trabajar esas mismas ocho horas extras, pagadas al doble, es cierto, pero completar la jornada de 48 horas que teóricamente se pretendía eliminar. La aritmética no miente: 40 horas ordinarias más ocho horas extras, sigue siendo 48 horas a la semana. El trabajador, la trabajadora llega cansado, agotado, a su casa. La madre de familia sigue sin tiempo para sus hijos, solo que ahora el patrón paga un poco más de ese tiempo.
“Qué bueno que hoy estemos haciendo esto, pero que quede asentado. Lo que hoy se aprueba no es el piso mínimo de lo que debió haberse aprobado. La promesa fue el descanso del fin de semana. La realidad es una reducción de dos horas por año, que no garantiza un solo día más de descanso. México sigue siendo el país de la OCDE con más horas trabajadas y con uno de los del PIB por hora trabajada más bajos”, señaló la priista.
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Clemente Castañeda, coordinador de la banca de MC, advirtió que esta reforma no cumple con el objetivo de que la reducción de la jornada laboral se traduzca en mejores condiciones de trabajo, particularmente en materia de descanso, salud y equilibrio de vida personal.
“Lo decimos con claridad y con responsabilidad. Aunque ciertamente esta reforma significa un avance, no cumple con las expectativas ni las demandas de los trabajadores de México porque no se garantiza expresamente que las personas disfruten de dos días de descanso a la semana.
“Para que nos quede claro y no nos den gato por liebre, seis días de trabajo, dice la Constitución, un día de descanso. Por eso, lo que plantea esta iniciativa es que los trabajadores podrán acordar con el patrón esquemas de distribución de la jornada laboral y de descanso. Pero seamos serios y honestos, hay una simetría tremenda en la relación laboral entre patrones y trabajadores, y esto implica que en los hechos no hay garantías para modificar sustancialmente el régimen de descanso”, sostuvo.
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Por el PAN, el senador Raymundo Bolaños Azocar apuntó que la reforma está bien en el objetivo “pero está mal resuelta en la implementación, ya que asfixia la mayoría de las unidades económicas del país, a los empresarios, que apenas van el día a día con los tiendas de abarrotes, a quienes prestan servicios como barberías, peluquerías, cafeterías, en general pequeñas y medianas empresas.
“La gradualidad existe, es cierto, pero el dictamen no contiene un esquema robusto de acompañamiento real para la micro, pequeña y mediana empresa, que son las que van a resentir en la realidad el ajuste operativo y de costos. Los transitorios sólo hablan de un periodo de ajuste y de que la Secretaría del Trabajo recopile y evalúe datos, pero no establecen incentivos ni apoyos fiscales para un plan diferenciador por sector”, recalcó.
La minuta fue remitida a la Cámara de Diputados para continuar su trámite legislativo.