El gobierno de México reculó en reservar hasta 2030 la informacióndel operativo de seguridad desplegado en Palacio Nacional para la marcha de la Generación Z del pasado 15 de noviembre, e informó que el costo de las vallas fue de 3.4 millones de pesos.
El 27 de diciembre, EL UNIVERSAL reveló que —ante una solicitud vía transparencia— la Oficina de la Presidencia de la República reservaba por cinco años esta información por considerar que se comprometerían la seguridad nacional y la paz social, asimismo, afirmó que se podría ejecutar un atentado en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum o su familia.
Sin embargo, hace unos días, en una “fe de erratas” la Oficina de la Presidencia informó que había hecho “una nueva una búsqueda exhaustiva y razonable” y encontró que el Servicio Integral de Protección y Resguardo con Barricadas Anti-Motín tuvo un costo total de 3.4 millones de pesos.
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“En alcance a la respuesta emitida mediante oficio OPR/UAF/DGFP/DAE/SAE/95-9/2025, se hace de su conocimiento que, de una nueva búsqueda exhaustiva y razonable en los registros físicos y electrónicos que obran en la Dirección General de Finanzas y Presupuesto, me permito informar que respecto a su solicitud se tiene el registro contable siguiente: Servicio Integral de Protección y Resguardo con Barricadas Anti-Motín para Palacio Nacional: $2,933,700.00 más IVA”.
Sin embargo, y pese a que la solicitud de información pública lo solicitaba, la Oficina de la Presidencia no informó a qué empresa o particular pagó esta suma millonaria.
En su edición del 27 de diciembre, El Gran Diario de México reveló que el gobierno federal había reservado por cinco años, es decir, hasta 2030, toda la información sobre el operativo y la contratación de vallas metálicas que protegieron Palacio Nacional en la marcha de integrantes de la Generación Z del 15 de noviembre, en la que se registraron hechos violentos.
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En la respuesta a la solicitud de la información 341001000-79525, el Comité de Transparencia de Presidencia de la República argumentó que no puede dar a conocer ningún detalle del contrato Servicio Integral de Protección y Resguardo con Barricadas Anti-Motín para Palacio Nacional porque se comprometía la seguridad nacional, la paz social y con esa información, se afirmó, se podría ejecutar un atentado en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum o su familia.
“La divulgación de la información solicitada representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo a la seguridad nacional, toda vez que de proporcionarse la información de referencia se dejaría en estado de vulneración a la Titular del Ejecutivo Federal y su entorno.
“Es decir, se puede ejecutar cualquier atentado en contra de su integridad física, ocasionado que en determinado momento se encuentre desprotegida y se vulnere en consecuencia, su vida, su salud, su libertad y su seguridad, así como la de su familia, de las personas que la acompañen, así como de las personas servidoras públicas en su entorno, bienes jurídicamente protegidos, que en consecuencia comprometen la seguridad nacional, la seguridad pública y defensa nacional”.
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En la marcha de integrantes de la Generación Z del pasado 15 de noviembre en la Ciudad de México se registraron diversos hechos delictivos, entre ellos saqueos, destrucción a mobiliario público y negocios privados, además de 120 lesionados y más de 20 detenidos.
La presidenta Sheinbaum Pardo y el Gobierno capitalino manifestaron su rechazo a estos actos, en donde algunas personas lograron derribar las vallas metálicas.