Más Información
Marcelo Ebrard Casaubón, quien contrató la obra de la Línea Dorada del Metro, tramitó juicio de amparo en el 2015, a razón de los “escándalos” que generó la obra por su pésimo diseño y construcción. La administración de Miguel Mancera tuvo que detener el funcionamiento de esa línea y ordenar correcciones, habiendo erogado cientos de millones de pesos más por la costosa obra realizada en el gobierno del hoy Secretario de Relaciones Exteriores.
La obra pública tuvo muchos vicios ocultos. Algunos de ellos dados a conocer técnicamente a causa del colapso de uno de los puentes y caída de trenes del Metro, que ocasionó la muerte de 26 personas y un centenar de heridos. Además de la pésima construcción, generó problemas políticos, a grado tal de que Ebrard tuvo que refugiarse en Francia. Bien sabía lo que hizo.
Después del colapso, muerte y lesionados de los pasajeros, AMLO prohibió tocar el tema. Solo él sería el autorizado. Pasó a confirmar la teoría del fondo político, proteger a los aliados de la 4T. Claudia Sheinbaum, ordenó peritaje en el extranjero, no le gustó al determinar técnicamente, entre otras causas del colapso del puente, la falta de mantenimiento, hecho que afectaba a su administración y a su personal. Los peritajes fueron desechados y la Fiscalía de la señora Ernestina Godoy realizó los suyos, en los que deslinda de responsabilidad a cualquier funcionario de la 4T e inculpa solo a personal técnico de la obra.
Burda protección. La responsable del mantenimiento del buen funcionamiento del Metro, Florencia Serranía, quedó sin responsabilidad a pesar de que en los dictámenes iniciales le resulta culpabilidad. Luego pidieron su comparecencia y la Fiscalía negó girar oficio, argumentando que se violaban sus derechos humanos. Nuevamente confirman el contubernio del encubrimiento.
Después de 14 meses de “investigaciones”, la fiscal Ernestina Godoy decide ejercitar acción penal y civil reparadora del daño, por delito culposo en contra de 10 exdirectivos de la obra, liberando de responsabilidad a los dueños de las compañías constructoras, así como a funcionarios y exfuncionarios de la 4T. El dictamen final de la Consultora noruega DNV fue criticado más no descalificado técnicamente por otra consultora. Para las autoridades de la CDMX la punibilidad recae en quienes cometieron errores de diseño y construcción; obviamente eximen de toda responsabilidad a las autoridades del gobierno de Sheinbaum.