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María Fernanda Rico Vargas fue localizada sin vida el 18 de abril de 2014 y los detalles de su muerte aún no han sido esclarecidos, pues policías municipales y el Ministerio Público de Ecatepec, Estado de México, establecieron que fue un suicidio. “A mi hija la asesinaron”, dijo Silvia Vargas Velasco a las autoridades, pero la ignoraron.
Un día antes de que la asesinaran, María Fernanda, quien tan sólo tenía 25 años, le comentó a su madre que dejaría a su pareja, porque sufría violencia.
En la escena “los policías y agentes ministeriales no hicieron su trabajo. No acordonaron ni protegieron. Perdieron la cadena de custodia y el cinturón con el que supuestamente mi hija se colgó”, cuenta su madre.
Cuando Silvia le pidió a las autoridades la carpeta de investigación del caso, no se la querían entregar. “¿La quiere para enmarcarla?”, le preguntó una agente del Ministerio Público de San Agustín.
El cuerpo de María Fernanda fue exhumado en 2017, pero su familia no ha podido asentar un sepulcro, pues es probable que la vuelvan a exhumar. “¿Cuántas veces tengo que enterrarla y sepultarla?”, dice su madre.
Este asesinato disfrazado de suicidio no es el único: EL UNIVERSAL tiene registro de al menos 39 casos similares en el país, en los que las autoridades han fallado en la investigación de muertes de mujeres.
Simplemente en el Estado de México, en Cuautitlán Izcalli, no escucharon a Magdalena Velarde cuando les dijo que su hija Fernanda Sánchez no se suicidó. Lo mismo ocurrió con Araceli Ávila, madre de Zaira Karina, y en mayo tampoco le creyeron a la familia de Sofía Roldán Chávez, en Naucalpan.
Hay negligencia por parte de las autoridades: no investigar y no asegurar evidencia entorpece la impartición de justicia y viola los derechos de las víctimas, lo que conlleva bajas sentencias o impunidad.
“En el Poder Judicial estamos en función de lo que el Ministerio Público nos haga llegar”, señala Lawrence Serrano, director General de la Administración de los Juzgados del Sistema Penal Acusatorio. “Si hay anomalías u omisiones en el caso, eso da sentencias absolutorias o concesiones de amparo, y eso es muy desafortunado”.
El 25 de marzo de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la sentencia 554/2013 sobre el asesinato de Mariana Lima Buendía, que en un inicio las autoridades de Chimalhuacán, Estado de México, habían estipulado como suicidio. “Es la primera sentencia de feminicidio en México”, comenta Irinea Buendía, madre de Mariana, quien desde hace nueve años busca justicia.
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